Por: Pablo Felipe Robledo

Una guerra mal planeada

Una jueza, Loreley Montes, condenada a 27 años en el “carrusel de la educación en Córdoba”, con el que abogados y profesores tramitaron irregulares pensiones por más de $80.000 millones.

Un empresario dueño de varias IPS, Jhon Alexánder Colmenares, condenado a cinco años en la “operación quirófano” como integrante de una red delincuencial que desfalcó millonarios recursos de la salud.

Un abogado, Álvaro Dávila, condenado a 19 años por la indebida celebración de billonarios contratos en el “carrusel de Bogotá” durante la Alcaldía del aun más corrupto Samuel Moreno.

Estos son solo tres casos. La realidad: los colombianos nos enfrentamos a diario a centenares de casos como estos. Esta maldita corrupción público-privada nos está devorando los recursos públicos y carcomiendo a la sociedad. Aquí se ha corrompido hasta la sal, como lo temía el pasaje bíblico. Fiscales, magistrados y jueces han estado involucrados en todo tipo de delitos y organizaciones criminales. El “cartel de la toga”, un thriller judicial en la Corte Suprema, está basado en una historia real que ni el libretista más atrevido se la hubiese imaginado.

Y esta sociedad no despierta. Mucho menos su clase política, buitre de la corrupción. Los gobiernos hablan de la lucha contra la corrupción, pero ninguno se ha dedicado a librarla; ocupan su tiempo en otras cosas. No quieren que nada cambie. Y ni se inmutan cuando la corrupción contesta a lista diciendo: “Presente: vivita y robando”.

Mucho se dice sobre la forma de combatirla. La fórmula inteligente parte de la base de entender lo que es fácilmente comprensible. Gary Becker (Nobel de Economía, 1992), en su obra Crimen y castigo, alegórica a la de Dostoyevski, nos enseña que hay tres variables que un potencial delincuente pondera al decidir violar o no la ley: la utilidad derivada de la infracción, el riesgo de ser detectado y la sanción a que se expone.

Por ello, mayor utilidad, menor probabilidad de ser pillado y bajas sanciones son incentivos para delinquir. El Estado debe ocuparse, entonces, de tener instituciones con gran capacidad investigativa y altísimo poder sancionatorio.

Y es allí en donde están nuestros problemas, propios del subdesarrollo. Nos encanta tener instituciones endebles y paquidérmicas. Por ello, nuestras autoridades no le cogen la huella ni a un tractor en la playa, y cuando lo hacen, vencen o caducan los términos o las pruebas son insuficientes. Tenemos un régimen sancionatorio complaciente con los delincuentes; pensamos más en los corruptos que en la sociedad. Pareciera que disfrutáramos con verlos en brigadas militares o mansiones por cárcel pagando reducidas condenas. Masoquismo comunitario se llama eso.

Esto requiere menos discursos y más acción. No es con tiros al aire que se asusta a los corruptos. Lo que los disuade es el actuar corajudo de las instituciones y la imposición de grandes sanciones. Lo demás son casos aislados, carreta.

La guerra contra los corruptos la estamos perdiendo en medio de inagotables carruseles, carteles y redes, y todo, porque las luchas mal planeadas y sin estrategia se pierden.

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2019-09-11T00:00:48-05:00

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2019-09-11T00:15:01-05:00

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