Por: Yesid Reyes Alvarado

¿Una JEP voluntaria para todos?

Sobre el comunicado de prensa que da cuenta de la constitucionalidad de la ley estatutaria de la JEP, tengo una preocupación que podría quedar resuelta cuando se conozca el texto de la sentencia. Se trata del aval que la Corte dio a la posibilidad de que sean excluidos de la JEP quienes incumplan el régimen de condicionalidad.

El sistema fue diseñado para que todas las partes involucradas en el conflicto ingresaran al mismo, en un régimen que privilegia con sanciones predominantemente restaurativas a quienes aportan verdad de manera rápida y completa, colaboran con la reparación de las víctimas, ayudan en la búsqueda de desaparecidos y ofrecen garantías de no repetición. Por eso se reservaron los castigos más graves para quienes fueran condenados sin admitir responsabilidad ni aportar verdad. Si, según la Corte, los que incumplen el régimen de condicionalidad pueden ser excluidos de la JEP, ¿cómo se explica que estén previstas penas de hasta 20 años de prisión para quienes sean condenados habiéndose negado desde el comienzo a aceptar responsabilidad y aportar verdad? En una primera interpretación, esto muestra una inconsistencia: quien durante el trámite procesal o después de condenado incumple las obligaciones del sistema es expulsado del mismo, mientras que quien desde el principio se niega a respetarlas puede ser condenado a 20 años de prisión, pero dentro de la propia JEP.

Con una segunda interpretación podría eliminarse la inconsistencia diciendo que quien desde el inicio manifieste su negativa a cumplir las condiciones del sistema debe quedar fuera de él. Pero si eso es así, entonces el acceso a la JEP ya no solamente es voluntario para los terceros y los agentes del Estado que no pertenezcan a las Fuerzas Armadas (como ya dijo la Corte), sino también para los exguerrilleros y los miembros de la fuerza pública, en la medida en que si desde su vinculación afirman que no cumplirán con los condicionamientos del sistema, no ingresarán a él. Si se impone esa lectura de la norma, no sería descabellado pensar que, al convertir en voluntario el ingreso a la JEP, sean muchos más los antiguos guerrilleros que acudan a ella, que los agentes del Estado, los miembros de las Fuerzas Armadas y los terceros.

De esta manera habrán desaparecido dos de las grandes ventajas del sistema: la de brindar a todas las partes involucradas en la confrontación armada un único mecanismo de resolución de su situación jurídica, y la de hacerlo obligatorio para todas ellas. Con ese diseño se pretendía que en un tiempo relativamente corto las víctimas tuvieran acceso a la verdad, fueran reparadas y recibieran garantías de no repetición por todos quienes intervinieron en el conflicto; así se podría conseguir un cierre unificado del mismo, no solo en beneficio de quienes fueron directamente afectados por él, sino de toda la sociedad. Si el acceso a la JEP es voluntario, la superación de ese doloroso pasado no se conseguirá cuando ella acabe sus labores sino, parcialmente, cuando la justicia ordinaria lo haga, por fuera del sistema que permitía obtener la verdad del conflicto, reparar a las víctimas y garantizar su no repetición.

 

 

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