Una jueza con carácter

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Cuando el caso de Álvaro Uribe pasó a la Fiscalía, luego de su renuncia al Senado, lo más probable era que la cosa se quedara de ese tamaño. A pesar de las múltiples pruebas que existen para llevarlo a juicio —cuando menos—, era difícil creer que le llegaría la plena aplicación de la justicia si entre su equipo de defensa el investigado contaba no solamente con sus prestantes abogados, sino también con la Fiscalía, la Procuraduría y la propia Presidencia de la República.

Ese panorama resultaba bastante disparejo para las víctimas reconocidas en el proceso, pues había un puñado de abogados y un senador que se enfrentaban al hombre más poderoso de Colombia y a varias de las cabezas de las ramas del poder público. En el nuevo capítulo de esta novela jurídica, la Fiscalía y la Procuraduría, bajo el mando de Francisco Barbosa y Margarita Cabello, no han disimulado su apego irrestricto a la narrativa de la defensa del líder del Centro Democrático.

Eso, aunque puede indignar, tampoco debe generar mayor sorpresa. Mal que bien, los altos funcionarios hoy encargados de impartir justicia en este caso llegaron a sus cargos, de una u otra manera, gracias a Álvaro Uribe, ya que Barbosa y Cabello fueron ternados y promovidos por el presidente Duque y él, a su vez, le debe su accidentada presidencia al beneplácito que recibió de su mentor sub judice.

Así las cosas, desde que el expediente llegó al escritorio del fiscal Gabriel Jaimes, los entes de control han fungido más como aliados del exsenador que como su contraparte. Y la llave entre Uribe y la aplanadora institucional que lo protege no solo se ha manifestado en las audiencias. Por fuera de la cancha y por debajo de cuerda, los investigadores utilizan las filtraciones a ciertos medios de comunicación como herramientas para ambientar sus impresentables decisiones.

Ahora la nueva estrategia de la defensa de Uribe, y por ende de la Fiscalía, consiste en atacar a los testigos y no a sus testimonios. Los videos filtrados por el búnker que evidencian los excesos de Juan Guillermo Monsalve en la cárcel tienen un propósito evidente: el de afirmar que el testimonio de un delincuente de esa calaña no puede ser usado para acusar a un expresidente.

Aunque esa aproximación tan elemental pueda tener eco entre algunos incautos, lo cierto es que en este proceso la mayoría de los testigos, en contra y a favor de Álvaro Uribe, son unos bandidos. Aquí la justicia no está para determinar si los testigos contra Uribe son ciudadanos obedientes de la ley. Esa decisión se tomó hace rato. De lo contrario no estarían todos en la cárcel. Lo que debe establecerse con claridad es si son ciertas sus acusaciones, que tienen hoy a un ex jefe de Estado tratando de demostrar, a como dé lugar, que no incurrió en los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.

En las audiencias de la semana pasada quedó demostrado que la jueza del caso es una mujer con carácter de sobra. Y ella, a diferencia de los jefes de los entes de control, no le debe su puesto a Uribe. Si la funcionaria se apega únicamente a la ley, y todo apunta a que así será, no le quedará otra opción que rechazar el vergonzoso escrito de preclusión que será presentado por el fiscal Jaimes.

@federicogomezla

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