Por: Luis Carvajal Basto

Una ley que cambiará a Colombia

La presentación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial cumple con un mandato de la Constitución, pero no es la panacea para resolver los problemas de costeños, paisas, llaneros.etc. Es una oportunidad para mejorar la gobernabilidad, la gestión pública y la participación ciudadana, pero tengamos cuidado con la politiquería que puede terminar afectando la unidad Nacional.

El proyecto de Ley es completo y bien intencionado. El gobierno, por la vía del traslado de competencias y recursos, quiere reorganizar el territorio, utilizando herramientas modernas de gestión como la prospectiva y la planeación que se basa en participación.

Comenzando apenas el debate, de los departamentos de la costa ya llegan voces de insatisfacción, que se consideran respaldadas por el  voto Caribe, reclamando desde ahora un supuesto “conejo”. Se ha dicho que  “Los gobernadores del Caribe, aspiran a la creación de una región como entidad territorial, con autonomía política y administrativa, con un gobernador regional, una asamblea legislativa y presupuesto propio."

Presentado así, podría ser más burocracia, si se considera que el estimado  de esos gastos es superior a los 100.000 millones adicionales para una sola región, en un periodo de vacas flacas en las finanzas públicas y de necesidades fundamentales crecientes en Salud, educación, agua, vivienda etc. ¿Serán la pobreza, el desempleo etc. problemas regionales y será verdad que se superaran con una Ley, por importante que ella sea?

Pero el meollo del asunto no esta ahí. Tiene que ver con el sentido de oportunidad de la Ley y sus desarrollos en un País que aún sufre el impacto del narcotráfico y la violencia a unos niveles que hasta hace poco hacían dudar a muchos sobre nuestra viabilidad como Nación. Hemos conocido las diferentes formas en que los recursos públicos han sido utilizados como botín de caza de los violentos, asociados con politiqueros corruptos, en muchas entidades territoriales, sirviendo de combustible a la violencia. ¿Cómo haremos para que el problema no prosiga, ahora  a escala regional?

El debate de la Ley pondrá sobre la mesa, naturalmente, actores y presiones políticas: Gobernadores, Alcaldes y Congresistas. Estos últimos, como lo dijo hace poco el presidente del congreso, sienten que han perdido protagonismo y  su capacidad de gestión es mínima para responder a sus electores. Alguno más se quejaba de  gobernadores que una vez posesionados se convierten en rivales políticos de los congresistas, sus competidores. ¿Cómo garantizaremos que la ciudadanía participará y ejercerá veeduría en la ejecución de recursos?

Pero lo que debe desterrarse de tajo en el debate es la utilización de la bandera de la autonomía regional como sustituto de respuestas efectivas en la gestión pública; la politiquería camuflada en aires folclóricos y cantos de sirena. Ya desde Bogotá se ha respondido que el centralismo “maluco”, del que se quejan muchos, hace que la capital tribute mucho más de lo que recibe, por ejemplo.

El gobierno nacional está armando un rompecabezas del que son piezas maestras  la LOOT y la ley de regalías. Esperemos que quede bien, porque va a cambiar hasta el mapa.

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