Por: Ana Milena Muñoz de Gaviria

Una licencia social para la inversión minera

La inversión extranjera en Colombia indiscutiblemente ha crecido.

Las condiciones políticas de nuestro país, la generación de confianza y seriedad han llevado a que Colombia sea un destino en el que el mundo piensa para hacer negocios. Es así como los mayores receptores han sido los sectores de la infraestructura, las comunicaciones, el turismo, la minería y los hidrocarburos. En cuanto a la minería, uno de los principales áreas de crecimiento ha sido el sector del carbón, en el que se han venido abriendo nuevos frentes de explotación y se iniciará la construcción de proyectos de infraestructura como el tren del Carare, que permitirá el transporte hacia los puertos colombianos.

La explotación de las minas de carbón ha sido tradicionalmente en forma rústica y se espera que con la inversión extranjera no sólo lleguen recursos, sino tecnología: no sólo para la explotación más eficiente, sino para evitar la contaminación de tierras y zonas protegidas. Las licencias ambientales son en extremo importantes para proteger el medio ambiente con un plan claro que reduzca el impacto ambiental.

Si bien existe, entonces, una preocupación en lo ambiental, sería muy importante que ésta se extendiera en lo social de tal manera que exista un beneficio directo para las comunidades. Entonces, al igual que el plan ambiental, es necesario uno de desarrollo social que no sólo involucre a los trabajadores y a sus familias, sino a la comunidad ampliada, pues muchas veces se forman enclaves en los sectores mineros donde las diferencias sociales son causa de violencia y perturbación, como sucedió en el pasado con los enclaves bananeros y petrolíferos. La distribución y los beneficios de esa riqueza deben ser fundamentales en la búsqueda del desarrollo sustentable, en el que el desarrollo económico vaya con el desarrollo social y que éste sea un instrumento de distribución de bienestar, pero igualmente de paz.

El Estado ha buscado diferentes instrumentos de distribución de beneficios en las zonas que tienen recursos naturales. La ley de regalías recientemente reformada tenía este propósito. Sin embargo, los recursos que llegaron a los departamentos no fueron invertidos en forma eficiente y no tomaron en cuenta las necesidades de las comunidades. En muchas regiones primó la corrupción y se hicieron obras innecesarias para la comunidad. Por estas razones y muchas otras hay que buscar otro tipo de instrumentos y medios para que los beneficios sean para todos y llegue el progreso.

La licencia ambiental es indiscutible, pero igualmente sería necesaria una licencia social para poder hacer la explotación y ésta debe tener veeduría y seguimiento del Estado y de las mismas comunidades.

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