Por: Héctor Abad Faciolince

Una limosna para el millonario

La teoría conservadora sostiene algo así: hay que entregarles subsidios a los ricos porque ellos son los que saben producir bienes y riqueza. Los pobres, por su propia miseria, ya han demostrado que no son buenos empresarios (pues si lo fueran serían ricos).

Por lo tanto es necesario buscar -por ejemplo- a los viejos dueños de la tierra para otorgarles préstamos blandos de modo que ellos puedan crear agroindustrias productivas. Lo curioso es que buena parte de estos terratenientes que serían capaces de volver productivas sus tierras, durante siglos lo que han tenido es grandes extensiones para engordar ganado, a razón de una res por hectárea y un peón (un empleo) por cada 100 hectáreas. No propiamente un ejemplo de gran productividad.

La idea del Ministerio de Agricultura durante el gobierno anterior, a la cabeza de Andrés Felipe Arias, fue que si se les daban subsidios a los terratenientes, o a los propietarios ricos de predios pequeños, o fincas de recreo, ellos convertirían sus tierras ociosas en tierras productivas. Lo mismo que se pretendió hacer al entregarles a los “empresarios del campo” tierras expropiadas (Carimagua) y destinadas por ley a los desplazados. Su razonamiento era este: “En manos privadas el predio generará jugosos dividendos que serán reinvertidos en otras tierras para desplazados... es un buen negocio agroindustrial para los inversionistas privados, mientras que para los desplazados es un mal negocio, porque no son tierras fértiles.” Si las tierras no son fértiles para los desplazados, ¿por qué sí lo serían para los inversionistas privados? Se dirá que es porque ellos tienen dinero para fertilizantes. Pero si tienen dinero entonces ¿por qué el Estado se lo debe prestar? Un círculo vicioso.

Naturalmente un juez no puede meter a nadie en la cárcel con el argumento de que esa persona aplica cierta política económica. Fueron esas políticas, bien o mal explicadas, las que ganaron las elecciones. El caso es que los argumentos de la fiscal no son políticos, sino que parten del hecho de que se buscó un beneficio privado (la financiación de una campaña política) mediante el cual los inversionistas que habían recibido subsidios devolvían el favor favoreciendo o financiando la candidatura presidencial del ex ministro Arias (como demostró Coronell). Además, se hizo una contratación directa cuando, según la fiscal, para esa enorme asignación de recursos era necesaria una licitación.
 
La ley admite contratación directa cuando se trata de un trabajo artístico (por la reconocida trayectoria del favorecido) o de un asunto científico. La defensa de Arias quiere hacer pasar el programa de AIS como un programa de tipo científico, por lo cual era innecesaria la licitación pública. Como si la intermediación del IICA hubiera sido más científica que burocrática: seguir directrices del ministro.

Según la defensa del ex ministro Arias, hasta que la revista Cambio descubrió “la verdad” el ex candidato presidencial pensaba que Valerie Domínguez era una pujante empresaria del campo, capaz de darle a nuestro agro la competitividad necesaria para resistir al TLC. Sólo cuando Cambio reveló la verdad, el ex ministro se dio cuenta de que la ex reina no sabía nada sobre empresas agrícolas. Siempre se ha dicho que Arias es muy inteligente, como para venir a presentarlo ahora como alguien tan ingenuo. (Ay, pensar que por esa verdad cerraron a Cambio).

Dice el defensor de Arias que gente como los Dávila o los Vives “quisieron obtener más ventajas de las que les correspondía”. Lo que no dijo es por qué les correspondían ventajas a estos viejos terratenientes del Magdalena. Está bien que AIS no era un programa asistencialista para los pobres, y que los ricos podían aspirar a los subsidios “en igualdad de condiciones” (y esa igualdad da risa). Pero si el programa pretendía también “reducir la desigualdad en el campo”, la asignación de recursos a los “más iguales” suena como un despropósito más.

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