Una noticia buena y una mala

La buena noticia es que, contrario a lo que muchos pensaban y venían afirmando desde diferentes sectores sociales y políticos, los jóvenes, las mujeres, la comunidad LGBTI, los indígenas y los afrocolombianos, entre otros, ya no son actores pasivos e indiferentes frente al acontecer político del país. Por el contrario, cada día son más las y los ciudadanos pertenecientes a estos grupos sociales que están incursionando activamente en la política. Que quieren ejercerla o incidir en ella para promover los cambios que el país necesita. Algunos, en el marco de la democracia representativa, participando en campañas políticas y en elecciones, militando en partidos y movimientos políticos. Prueba de ello son las elecciones del 27 de octubre, en las que fueron elegidos muchos candidatos menores de 40 años, en muchos casos apoyados precisamente por electores representativos de estos grupos.

Así mismo, en el Congreso de la República, varios de los congresistas más destacados son hombres y mujeres jóvenes, de diferentes sectores sociales y políticos, que tienen en común su compromiso con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Han sido autores o participantes activos en los debates de algunos de los proyectos de mayor relevancia. Entre ellos, la obligatoriedad del concurso de méritos para la elección del fiscal general y varios de los proyectos anticorrupción, como la eliminación de la casa por cárcel para los corruptos, los pliegos tipo para la contratación pública o la obligatoriedad para los funcionarios de publicar sus declaraciones de bienes y rentas, entre otros. Y algunos, como miembros de la Bancada de Paz, han sido muy activos en la defensa del Acuerdo de Paz, como por ejemplo con el proyecto que proveía 16 curules para las víctimas. Incluso antepusieron a las diferencias ideológicas, como debe ser, el acatamiento y respeto a los compromisos adquiridos por el Estado colombiano como un deber inviolable.

Otros cientos de miles han optado por otras formas de participación, como la movilización ciudadana y la protesta pacífica para expresar su apoyo o rechazo a las actuaciones y decisiones de gobernantes y funcionarios públicos, para exigir el respeto a sus derechos, para formular demandas, para hacerse oír y romper las barreras que les impiden ejercer una ciudadanía activa. Es decir, para ser escuchados y tener injerencia en la formulación de políticas públicas que los afectan, para rechazar la inequidad, la corrupción y los abusos de poder. Estas son formas de participación política diferentes, propias de la democracia participativa, que no pueden reemplazar a la de representación, pero que sí la complementan. Sobre todo cuando se ha perdido la confianza en las instituciones y en los gobernantes.

La mala noticia es que ni el Gobierno, ni la mayoría de los congresistas, ni la dirigencia gremial, ni muchos dirigentes políticos parecen entender que el país está cambiando y que requiere transformaciones de fondo. De no comprenderlo, el vaticinio del exsenador Fabio Valencia Cossio en el discurso de posesión del entonces presidente Andrés Pastrana en 1998, “o cambiamos o nos cambian”, se puede traducir en un cambio, ese sí violento, autoritario o populista, como ha sucedido en muchos países.