Por: Augusto Trujillo Muñoz

Una nueva asamblea constituyente

Que la administración de justicia está politizada, congestionada y distante del ciudadano común son, entre otros varios, los argumentos que esgrimen quienes justifican la necesidad de una gran reforma en la rama judicial del poder público.

Con la constitucionalización del derecho, justicia y política se entrecruzaron. Esto exige a quienes administran justicia un desempeño riguroso de su rol de juris-prudentes, y a quienes ejercen la política unas decisiones que garanticen la independencia de los jueces y la autonomía de su rama. Ambas cosas se distorsionan –a menudo estimuladas por razones de diseño institucional- y, entonces, aparecen los llamados choques de trenes.

Es preciso distinguir entre la relación inevitable de justicia y política, sobre todo en ciertos temas sensibles dentro del estado social de derecho, y la politización de la justicia como fenómeno extraño al derecho, ajeno a su dinámica y vinculado al debate de las conveniencias y/o los intereses de las instituciones. Por desgracia esto último ha estado presente en la conducta de las altas cortes.

La congestión judicial, en cambio, es un problema crónico, vinculado con temas como el de recursos y el de la eficiencia. En cierta medida es hijo de la vieja concepción formalista del derecho, a lo cual también se debe, en buena parte, que la justicia le resulte distante al ciudadano común. Si la fuente del derecho –más que la realidad- es una ley abstracta, la necesidad de justicia material no termina cabalmente satisfecha.
  
La tutela se estableció para garantizar los derechos, en términos que contribuyeran a la solución de este problema. Pero ahora resulta que la tutela también es responsable de la congestión e incluso de la distorsión de ciertos principios jurídicos. Tal vez la principal conquista de la constitución del 91 aparece ahora cuestionada desde las altas cortes y desde algunos sectores del alto gobierno y del mismo congreso nacional. Incluso hay magistrados que niegan cualquier respaldo a quien vea bien la tutela contra sentencias.

Recientemente se cumplió el sexto encuentro de la jurisdicción constitucional, con una programación que merece el más cálido elogio de la comunidad jurídica. Sin embargo el segmento relacionado con la reforma a la justicia dejó muchas inquietudes. No dudo de que es preciso mantener la independencia de los jueces y fortalecer con suficientes recursos la justicia para que deje de ser la rama pobre del poder público.

Pero las intervenciones de los voceros de la corte suprema de justicia, del consejo de la judicatura y del mismo consejo de estado –aunque de manera especial debo señalar a los de las dos primeras corporaciones- dejaron en el auditorio la clara sensación de que se convirtieron en defensores, puros y simples, del status quo. Como si las cosas, por bien que funcionen, no fueran susceptibles de mejorarse. En el pasado fue el congreso la institución que demostró su incapacidad para reformarse. Ahora son las cortes.
  
No está lejana la experiencia constituyente de 1991, cuya convocatoria fue impuesta por la realidad de unos hechos tozudos que veían todos los colombianos, menos los miembros del congreso y los magistrados de la corte suprema de justicia. Entre los años 68 y 91 naufragaron, en el seno del congreso nacional o en el seno de la corte suprema tantos proyectos de acto legislativo que terminó precipitándose una reforma en términos extraconstitucionales, que la misma corte que ahogó otras, se vio obligada a validar.
En 1968 el presidente Lleras tuvo que anunciar su renuncia para salvar la reforma propuesta por su gobierno al congreso. En 1975 la llamada pequeña constituyente de López, propuesta precisamente para reformar la administración de justicia y la administración territorial, fue declarada inexequible. Naufragaron también las iniciativas de Turbay y de Barco. En todo ese período sólo fue posible aprobar, durante la administración Betancur, la elección popular de alcaldes.

Ahora estamos recorriendo, de nuevo, un camino de garantías hostiles para las reformas. La constitución requiere ajustes que permitan recuperar la sintonía necesaria entre las instituciones y los ciudadanos. La reforma en la administración de justicia y la reforma política resultan básicas para ello, empezando por sus cúpulas respectivas. Pero esas reformas exigen debate amplio y abierto, con activa presencia de la opinión pública. No son temas para consensar en la cúpula, sino para definir en la base.

Por eso la mejor vía es la de una asamblea constitucional, que ya no resulta extraña al texto de la carta política. Su título xiii agrega al procedimiento tradicional otros varios, relacionados con la democracia de participación, cuya conveniencia podría examinarse. Pero una asamblea constituyente estaría en condiciones de examinar temas de fondo con toda amplitud, responsabilidad e independencia.

¿Es conveniente está cúpula múltiple del poder judicial, tan poco funcional, por cierto, que ha demostrado ser la causa primordial del choque de trenes? ¿Podría separarse la función constituyente de la función legislativa para garantizar la necesaria separación entre temas de estado y temas de gobierno? ¿Por qué se ha quedado escrito el tema de la autonomía territorial?

No se trata de revocar mandato alguno, pues nada se opone a que el congreso siga trabajando en desarrollo de su potestad legislativa y de control político. Se trata de absolver algunos interrogantes de orden constitucional, como esos tres, fundamentales en una democracia contemporánea, que resultan básicos para reencontrar señales vinculadas  con la idea del nuevo país que no terminó de nacer en el año 91.
 

*Ex senador, profesor universitario  [email protected]

 

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