Una nueva estrategia de seguridad

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No puede ser imposible que, aunque cada quien mantenga sus puntos de vista, luego de un análisis reflexivo, sin demagogia, se busquen líneas de aproximación para los temas cruciales.

El tema de seguridad es crítico. Más allá del peloteo electorero, un examen sereno podría arrojar luces.

En su pasada columna, Mauricio Vargas sostiene que, en general, las cifras muestran mejoría el año pasado. 5,7 % menos homicidios, registro muy alejado del 2002. Entre varios factores, la salida de las armas de las Farc ha sido determinante. Bajaron también las lesiones personales y el hurto. Cayó en un 11 % el número de muertos de la fuerza pública. Dice Vargas que “ni la desmovilización paramilitar ni los acuerdos con las Farc trajeron la paz, aunque redujeron —y mucho— la violencia”. Curiosamente, la óptica de Vargas pudiera ser un punto de encuentro.

Pero viene la otra mirada: el análisis de la Fundación Ideas para la Paz establece que “con la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, el conflicto armado con esta guerrilla terminó. Sin embargo, la violencia organizada continúa y en los años recientes se ha hecho más intensa”. Aun con menos muertos de las fuerzas, el número de combates aumentó por cuenta de los demás grupos. La Fundación concluye que la violencia se descentralizó, los grupos se fragmentaron, se pasó de una guerra nacional a múltiples conflictos locales. Menos ideología y más economías ilegales, pérdida de control y afectación de la legitimidad de la fuerza pública. A su vez, la firma del Acuerdo contrajo el teatro de la guerra: en el cuarto año del posacuerdo, mientras que en el resto del país cayeron los homicidios un 12 %, en los municipios PDET subieron un 36 % en comparación con el primer año. Las masacres se han cuadriplicado en el cuarto año, en comparación con el año anterior al Acuerdo. También al alza, el homicidio de líderes y de excombatientes de las Farc.

Si no mediara la confrontación partidista con un trasfondo electoral, uno podría concluir con alto grado de acierto que la tesis de que el Acuerdo ha sido nocivo es insostenible, que ciertamente la economía ilegal —sobre todo narcotráfico— tiene alta incidencia pero cada vez en menos municipios, que el aumento de la zona cultivada con coca es una calamidad y que la violencia se ha focalizado y han cambiado sus actores.

Además de examinar las causas de haber llegado a las casi 200.000 hectáreas de coca, vale recordar que desde 1994, cuando comenzó, hasta 2015, se alcanzaron a asperjar 1’896.327 hectáreas. De 44.700 hectáreas de cultivos al principio del glifosato pasamos a 51.384. Una bicicleta estática. No es absurdo ni antipatriótico pensar en las deficiencias de la estrategia.

Una discusión genuina debería tomar en consideración un hecho protuberante: las amenazas han cambiado. Es necesario renovar la política de seguridad. Seguimos anclados en la estrategia del pasado basada en el combate a las Farc. La modernización y actualización de la estrategia no debería ser planteada en función de la ferocidad y el insulto. Es una cuestión de interés nacional.

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