¿En manos de quién va a quedar Medellín? Esto es lo que proponen los candidatos a la Alcaldía

hace 50 mins
Por: Cecilia Orozco Tascón

Una oportunidad de oro que la Corte perdió

Tuve que rectificar al aire, a nombre del noticiero en que trabajaba, la información nacida de una investigación periodística que habíamos publicado sobre las andanzas de uno de los capos de la mafia más famosos del país, en aquella época. Nos lo ordenó un juez de tutela, a comienzos de los años 2000. Entonces, nos correspondió asegurar, en acatamiento a la orden judicial, que Iván Urdinola Grajales no era un capo del narcotráfico a pesar de que sus apellidos eran tan temidos por la sociedad colombiana como los de Escobar Gaviria, Rodríguez Orejuela y Rodríguez Gacha. El sustento del juez era contundente desde su estrecha lógica legal: ¡Urdinola estaba preso purgando una pena de 17 años pero no por traficar cocaína sino por haber cometido una masacre! Y aunque también se le había abierto un proceso por comerciar con drogas ilícitas, todavía no había sido condenado por este tipo delictivo, dijo el juez. Así que les mentimos a nuestros televidentes y algunos de estos seguramente quedaron confundidos con semejante falsedad, sobre todo cuando poco después el Tribunal Superior de Antioquia le impuso a quien en ese momento era uno de los jefes del Cartel del Norte del Valle una condena de 14 años, precisamente por sus crímenes de traficante.

Traigo este caso extremadamente ilógico, sin querer irrespetar a la Corte Constitucional, para llamar su atención sobre una constante peligrosa que está brotando en varios campos del poder público y cuyo objetivo consiste en eliminar o, en el mejor de los casos, limitar uno de los fundamentos de la democracia: la libertad de información ya de por sí estropeada por efecto del miedo, de la superficialidad, de los negocios privados o del amiguismo cómplice. Recordemos otros ejemplos recientes: 1. La periodista María Jimena Duzán titula su última columna con la significativa frase “Ni cuestionar ni denunciar”. Allí revela lo que denomina “un sorprendente derecho de petición” del ministro de Defensa que en realidad es un acto de prepotencia y exhibición bochornosa de su poder. Guillermo Botero conmina a María Jimena a enviarle las sentencias en que “se me condena por el delito de encubrimiento... y por los delitos de corrupción”, y añade con evidente sorna que “no es necesario que sean autenticadas”. El ministro de las armas expresa así su molestia por un comentario anterior de Duzán en que esta señala sus conflictos de intereses de funcionario respecto de sus actividades de particular. Lo que él pretende, por supuesto, es callar a la columnista. 2. Varios medios han mostrado evidencias de la intimidación extrema que grupos de contrainteligencia están ejerciendo sobre los hombres del Ejército para tratar de descubrir cuáles de ellos fueron los que hablaron con los periodistas sobre los contenidos de unas directivas oficiales que conducirían a la ejecución de nuevos falsos positivos, en lugar de “seguir los conductos regulares”, es decir, de quejarse internamente con lo cual se habría garantizado el secreto de un asunto que involucra la vida de los civiles. 3. Una sentencia de la Corte Suprema –corregida, en buena hora, tiempo después– ordenaba a la misma revista Semana, el año pasado, entregar los correos cruzados entre reporteros y personas con quienes conversaron sobre una investigación y revelar su identidad, presuntamente para proteger el derecho al buen nombre de una viceministra, no importa que se arrasara con el principio inviolable de protección de la identidad de las fuentes.

Y ahora, la Corte Constitucional da una señal igual de equívoca y mucho más grave puesto que se trata de la guardiana de la Carta Política: en el análisis de una tutela que el exprecandidato presidencial Luis Alfredo Ramos interpuso contra Noticias Uno, si bien tumba las decisiones anteriores contra el noticiero para “negar el amparo de los derechos de honra y buen nombre (de Ramos)”, por cuanto lo que informó sobre una ponencia en la Corte Suprema en que se pide la condena del exgobernador era cierto y “fiel al pie de la letra”, de otro lado, les pide a la Procuraduría y a la Fiscalía que investiguen quién o quiénes filtraron “el proyecto de sentencia” y apura al Congreso para que legisle sobre la reserva en los procesos penales. La compulsa de copias a los entes de investigación y la invitación al Congreso no solo lucen desproporcionadas sino peligrosas en una democracia tan débil y en una etapa tan autoritaria como la del presente político. A sus magistrados habría que recordarles –con todo el respeto institucional– muchas sentencias de su propia corporación en que se ratifica la protección reforzada de la libertad de expresión, en particular cuando mediante ella se ejerce un sano control social sobre los hombres públicos que tienen o aspiran a tener cargos de representación popular. También deberían revisar otras decisiones de sus antecesores en que establecen la reducción de algunos derechos como el de intimidad, buen nombre y honra que sufren los servidores del Estado, justamente por su posición de dirigentes de la comunidad. El comunicado de la Corte sobre el caso Ramos vs. Noticias Uno da a entender que nuestra máxima corporación constitucional perdió una linda oportunidad para ponderar derechos fundamentales y establecer parámetros altos de juridicidad social. En cambio, se redujo a un pequeño estudio sobre el debido proceso en un caso personal.

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2019-06-26T09:30:00-05:00

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