¿Una oportunidad desperdiciada?

Lo ha señalado medio mundo, pero el Gobierno no parece haberlo entendido: el llamado fin del conflicto con las Farc es ante todo una oportunidad de hacer cambios estructurales que garanticen que dicha paz perdure. Cambios que requieren del Estado agilidad, visión, acciones concertadas y, sobre todo, voluntad política que haga cumplir lo prometido y a la vez incentive políticas transformadoras. Pero no. Lo que vemos es paquidermia, inercia, incapacidad y mala voluntad.

Son muchos los ejemplos. El primero, el de la reinserción de los exguerrilleros. Como lo advierte en su columna Alfredo Molano, los hombres y mujeres desmovilizados viven hoy en un estado de inestabilidad que crea el riesgo de que muchos abandonen los campamentos donde aguantan, medio desesperados, a que les abran verdaderas opciones de vida, y opten por unirse a las disidencias de las Farc, a las filas del narcotráfico o de la delincuencia común. Mientras tanto, continúan matando campesinos, líderes sociales y miembros de la exguerrilla, sin que se vea claro que se estén tomando medidas suficientes al respecto.

En conmovedora entrevista lo denuncia el vicario de la diócesis de Tumaco, Arnulfo Mina. Este cura se duele de que en Nariño, donde este año la cifra de muertos asciende ya a 185 personas, los cambios de fondo no se han visto: a pesar de que se ha aumentado el pie de fuerza, no se ha cumplido con “llevar algunos técnicos y agrónomos, arreglar las carreteras y garantizar la comercialización de los productos o darles valor agregado”. Tampoco hay claridad sobre los cultivos de coca. Dice Mina: “No hay coordinación del Estado. Le dije a una persona que mandaron del alto Gobierno cuando hubo el primer paro de los campesinos en Llorente que les explicara a las comunidades qué es un cultivo industrial, y desde cuántas hectáreas se considera así. Me dijo que no lo tenía claro”.

Todd Howland, alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos, también ha señalado que esa oportunidad se está desperdiciando, sobre todo en las regiones tradicionalmente abandonadas. Habla de “poca inversión” y de “falta de acciones creativas” y compromiso a la hora de investigar violaciones de derechos humanos que se atribuyen a distintas entidades del Estado, que niegan reiteradamente sus vínculos con las actividades de los paramilitares. “Si la negación sigue siendo la respuesta oficial a la atrocidad, ningún sentido tendrán los mecanismos que se han instituido para promover la justicia como resultado del proceso de paz”, afirma. Por otro lado, el nuevo informe de Human Rights Watch alerta sobre la necesidad de bloquear el ascenso de cinco oficiales del Ejército sobre los que existe evidencia de vínculos con los llamados “falsos positivos”. Y sobre la “falta de transparencia” del Ministerio de Defensa, que se niega, incumpliendo la ley, a publicar las hojas de vida de los candidatos a ascensos, y del Ejército, que omite las fechas de prestación de servicio de sus oficiales en sus respectivas unidades.

Sí: se acabó el conflicto, pero todo lo demás parece seguir igual. Como si no entendieran los que están en el poder que la desidia, la indiferencia y la mala fe del Estado son los factores que, a lo largo de nuestra historia, han encendido la violencia.