Por: Alberto Carrasquilla

Una Propuesta Cambiaria

Con razón, diversos comentaristas han manifestado preocupación sobre la revaluación, fenómeno ha sido fuerte y que probablemente se ahondará más, dado que sus dos determinantes esenciales son la crítica situación fiscal americana...

Con razón, diversos comentaristas han manifestado preocupación sobre la revaluación, fenómeno ha sido fuerte y que probablemente se ahondará más, dado que sus dos determinantes esenciales son la crítica situación fiscal americana que no parece vaya a ser enfrentada por ahora lo cual debilita el dólar, y en segundo término el optimismo indudable, evidente a lo largo y ancho del mundo, sobre el futuro económico de Colombia, entre otras cosas por la continuidad que elegimos de manera contundente en las urnas y por las posibilidades que brinda la gran minería surgida tras las reformas de 2003.

Hay una amenaza clara operando contra la sobrevivencia misma de sectores productores de bienes y servicios cuyos ingresos están denominados en dólares, al tiempo que buena parte de sus gastos no solo están denominados en pesos, sino que son sujeto de disposiciones regulatorias y legales que los petrifican. Esto es grave no tanto por la desaparición de unos patrimonios  --así es la vida— sino porque en el mismo barco naufragarían cientos de miles de puestos de trabajo formal.

Si dichos sectores tuvieran la posibilidad de dolarizar contratos que en la actualidad se denominan en pesos, la revaluación dejaría de ser un problema patrimonial y pasaría a ser un problema social; al fin y al cabo la nómina es el mayor componente de las obligaciones que las empresas deben honrar, en pesos, mes tras mes. Esta posibilidad, en ausencia de medidas compensatorias, es impensable en nuestro Estado Social de Derecho.

Lo que si cabe pensar es un esquema a través del cual el Gobierno sea parte de una solución práctica. Al fin y al cabo, se ha impuesto como meta prioritaria reducir de manera muy fuerte la magnitud del fenómeno combinado de informalidad y desempleo que azota a Colombia.

Yo propongo el siguiente esquema. Primero, se dolariza la obligación laboral de empresas que cumplan ciertos requisitos básicos, tales como derivar el 80% o más de sus ingresos en dólares, ejecutar el 60% o más de su gasto operativo en pesos, tener una fuerza laboral formalizada, etc. Segundo, se establece que las erogaciones de tipo laboral tendrán garantizada una conversión cambiaria previamente definida, a cargo de un fideicomiso, cuyo capital semilla es aportado por el Gobierno. Tercero, cada mes se define si la tasa de cambio observada es mayor o menor que la garantía. Si es menor, el fideicomiso traslada recursos a las empresas, quienes los usan para pagar la parte correspondiente de la nómina. Si es mayor, las empresas efectúan un depósito en el fideicomiso.

Supongamos, para ilustrar, que se desea ofrecer una garantía para cubrir 100 mil empleos formales con remuneración igual a un salario mínimo legal vigente. Garantizar a los trabajadores un salario mínimo constante en pesos, ofrecer una garantía de conversión de $2,200 para efectos laborales y seguir sufragando todos los costos asociados a la formalidad de 100 mil trabajadores, podría llegar a costarle al fisco US$77 millones si la tasa de cambio llega a $1600 en Diciembre; a todas luces, una suma irrisoria de cara a los efectos que podría tener en el ámbito laboral y social.

La Garantía de Conversión propuesta no buscaría proteger el patrimonio de las empresas, sino defender los puestos de trabajo formales que dichos patrimonios amparan. Permite, de otra parte, que el talento gerencial se dedique a buscar competitividad en dólares y no se despilfarre en apuestas de tipo cambiario o en salidas de corto plazo a los inmensos desafíos del flujo de caja en pesos. Nada impide, de otra parte, que la administración fiduciaria escogida para hacer operativo el esquema mes tras mes busque en el mercado financiero mecanismos de cobertura que minimicen el impacto potencial de la medida sobre el bolsillo de los contribuyentes.

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