Una reforma que no da espera

La campaña electoral ha evidenciado la fragilidad del sistema político y electoral para hacerles frente a las amenazas que se ciernen sobre la democracia colombiana y pone de presente la urgencia de hacer reformas que ataquen de raíz muchos problemas que vienen de tiempo atrás. Además, se constata la pertinencia de muchas de las propuestas de la reforma política y electoral de la Misión Electoral Especial, creada en cumplimiento del mandato del punto dos del acuerdo de paz de La Habana. Entre ellas, el fortalecimiento de la institucionalidad electoral, controles efectivos a la financiación de la política, la democratización y régimen de responsabilidades de las organizaciones políticas, y garantías a la participación de los votantes, en particular de las mujeres y las minorías étnicas.

A pocas semanas de las elecciones, el panorama no podía ser más preocupante. La violencia y las amenazas contra candidatos junto con las acciones de actores ilegales y criminales para capturar las instituciones locales, apropiándose por esta vía de la contratación local y de las rentas derivadas de la minería ilegal o el narcotráfico, son las más graves. Estos hechos recuerdan un pasado no tan lejano, cuando estas prácticas eran el común denominador de las campañas. Sin embargo, contrastan con las elecciones de 2015 y sobre todo con las de 2018, que fueron las primeras luego de la firma del acuerdo de paz, en las que no hubo un solo candidato asesinado y se observó una reducción muy significativa de los actos violentos.

Otros hechos ensombrecen la contienda electoral: la persistencia del ingreso de inmensas sumas de dinero de muy dudoso origen a las campañas y el incumplimiento por parte de candidatos y partidos de reportar los ingresos y gastos de campaña. A la fecha, solo el 0,3 % de los aspirantes habían cumplido con la obligación de registrar en el portal Cuentas Claras del CNE esta información. La baja participación de mujeres aspirantes tampoco muestra avances. Por ejemplo, sólo 21 mujeres son candidatas a gobernaciones, mientras que hay 155 hombres.

A esto se suma la trashumancia electoral, que se sigue presentando a pesar de las alertas y denuncias por parte de las propias autoridades y de organizaciones sociales. Y a pesar también de los esfuerzos de diferentes entidades del Estado para hacerle frente. Por ejemplo, la anulación de cerca de un millón de cédulas presuntamente inscritas irregularmente en sitios que no corresponden al lugar de residencia de los potenciales votantes. O la condena a 15 años de la exsenadora Aída Merlano por corrupción electoral.

Sin embargo, es evidente la debilidad e incapacidad institucional. Por ejemplo, magistrados del CNE han reconocido que no tienen la capacidad para ejercer un control efectivo sobre la financiación de campañas, y el director de la Unidad Nacional de Protección ha afirmado que no tiene los medios para proteger a los candidatos amenazados. La responsabilidad también recae en el Gobierno, los partidos políticos y sus dirigentes, que no han tenido voluntad política para aprobar las reformas que permitirían enfrentar muchos de estos problemas. Ojalá que el “receso electoral” que se avecina sea la oportunidad para no seguir aplazando las reformas que el país y la democracia necesitan.