Por: Carlos Villalba Bustillo

Una reformita

REFORMAR LA JUSTICIA NUNCA HA sido fácil, excepto cuando se expide una nueva Constitución y la aprueba un órgano constituyente distinto del Congreso.

En 76 años del siglo XX, la Corte Suprema de Justicia jamás varió una jurisprudencia según la cual esa corporación se inhibía de fallar sobre la constitucionalidad de los actos legislativos reformatorios de la Carta, tanto por razones de fondo como por vicios de procedimiento.

Sin embargo, cuando el ex presidente López Michelsen quiso convocar una constituyente que modificara la estructura de la justicia y el régimen departamental y municipal de entonces, la Corte cambió de posición y avocó el conocimiento de una demanda contra el acto legislativo presentado por el Gobierno y votado por el Congreso favorablemente. El temor de que los cambios que se le sometieran a la Constituyente le restaran poder a la Corte dentro de la organización institucional del país, mató la iniciativa. Con la de 1979, que creó el primer Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General, se repitió la historia.

Para evitarle a la Corte un tercer round consecutivo, la Constituyente de 1991 exoneró de control constitucional, mediante una norma tajante redactada por Carlos Lleras de la Fuente, al estatuto que saliera aprobado en julio de aquel año. Así se salvó del patíbulo el modelo vigente.

Al tratar de imponer una reforma que no tuvo participación de todo el aparato judicial, el ex ministro Fernando Londoño fracasó en su intento. Su proyecto no pasó del borrador y se trabó entre las dos cortes, la Suprema y la Constitucional, la guerra por la tutela con la reelección presidencial como detonante mayor del nuevo choque. Uribe cambió de pareja por el aval a su segundo turno, y allí fue Troya.

La justicia no puede reformarse al vaivén de las granujadas de los congresistas. Los órganos del poder se instituyen y se reestructuran en función de principios políticos y valores morales llamados a preservar la integridad jurídica del Estado, no al revés. Al revés se rompe la ecuación liderazgo-sabiduría que la democracia requiere para que sus mecanismos no sucumban a la corrupción y el caos.

Uno de los mandatos más celebrados de la Constitución de 1991 fue el que le confirió a la Corte Suprema competencia para investigar y juzgar, en una sola instancia, a los parlamentarios traviesos. Ellos mismos se sintieron más seguros en manos del más alto tribunal de la justicia ordinaria. Pero los de entonces ya no son los mismos, porque con las Autodefensas el malandrinaje político se pasó de calidad y ahora presionan un estatuto empollado al conjuro de sus conveniencias. Y el gran beneficiario de sus votos, que es el Gobierno, les acolita la pretensión. Sin gratitud no habría más seguridad democrática ni otra reelección.

Nos espera, en tal virtud, una reformita cuya esencia es la doble instancia para juzgar a senadores y representantes. Lo demás son movimientos en el ajedrez burocrático, más el halago de un período de 12 años para los magistrados de las altas corporaciones, el retorno a la cooptación y un gerente para el Yepes Alzate que quiera cambiar de empleo. Bien lo dijo la directora de la Corporación Excelencia en la Justicia: lo que de veras urge en la Rama Judicial, ni se ha mencionado. En dos platos, la otrora gloriosa justicia colombiana tendrá un loock craneado a imagen y semejanza de un régimen que necesita gratificar las barbachanadas de sus benefactores electorales.

 

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