Por: Mauricio Botero Caicedo

Una revolución en marcha

Son muchos los logros del gobierno de Duque, especialmente en el campo social y económico. Pero posiblemente el logro que mayores y más profundas implicaciones va a tener hacia el futuro es poner en marcha el catastro multipropósito. El no haber tenido clara la titulación de la propiedad, tanto la rural como la urbana, ha sido el principal combustible de nuestros múltiples conflictos. De los 1.121 municipios que conforman el país, 844 tenían desactualizada la base de datos de los predios urbanos, 796 tenían desactualizada la de las áreas rurales y 80 municipios no contaban con registro alguno de los predios que los conforman. El gobierno de Duque paulatinamente ha ido desmontando el ineficiente monopolio que tenía el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) sobre el catastro. Aparte de Barranquilla, que logró su delegación de la gestión catastral en el año 2017, después de tres años de adelantar infinidad de trámites ante el IGAC, hay tres gestores catastrales adicionales habilitados: Pereira con Dosquebradas y La Virginia, Bucaramanga y sus municipios satélites, y recientemente el departamento del Valle del Cauca ha adquirido su habilitación como gestor catastral. Desde la expedición del Decreto 1983 de 2019, 122 entidades territoriales han manifestado su voluntad de habilitarse catastralmente ante el IGAC, lo cual pone en evidencia una realidad que el país estaba esperando: dejar volar a las entidades territoriales con la administración de sus propias rentas y ordenamiento territorial sin depender del gobierno central.

El economista peruano Hernando de Soto lanzó hace más de 30 años una propuesta que sigue generando atención: que la opción para salir de la pobreza consistía en otorgar títulos de propiedad a los pobres. Para De Soto, “los pequeños negocios informales y las viviendas marginales de los pobres urbanos y rurales son esencialmente activos económicos («capital muerto»), que deberían ser revitalizados por el sistema legal oficial y convertidos en un capital líquido que permita a sus dueños el acceso al crédito formal y la posibilidad de invertir en sus viviendas y negocios, y de esa manera fortalecer la economía como un todo”. Según los cálculos del economista peruano, hace cerca de 20 años el monto de ese capital muerto de los países subdesarrollados era de unos US$9,3 billones (hoy se puede acercar a los US$30.000 millones). Según De Soto, el reconocimiento del derecho de la propiedad facilita el acceso a crédito y financiamiento: “Cuando Estados Unidos y los países europeos mejoraron sus sistemas de propiedad, sus actores económicos supieron reconocer el potencial económico de sus activos, lo cual les permitió producir dinero no inflacionario para financiar y generar productividad”. El razonamiento de De Soto comprende tres partes principales:

- La gente necesita sentirse segura de su estado de tenencia legal para poder invertir en mejoras a sus fincas, viviendas y negocios.

- La seguridad de tenencia y el consecuente acceso al crédito vienen dados únicamente por la legalización de los asentamientos y negocios informales.

- Para proceder con la legalización, hay que suministrar títulos individuales de dominio absoluto, con obligaciones claras y derechos aplicables. Así se permitirá el avance y la erradicación de la pobreza de los países del tercer mundo.

Es crucial contar con un catastro actualizado que refleje, con la mayor fidelidad posible, la realidad material de los predios rurales del país. Sin esta información no se podrá avanzar en la resolución de los conflictos con relación a la tenencia de la tierra, es decir, al ordenamiento social de la propiedad.

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2019-12-29T00:00:27-05:00

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