Una sentencia anunciada

La mayoría del pueblo peruano debiera agradecer la tranquilidad de la que hoy gozan, a despecho de los hipócritas que pretenden tapar la luz del sol con un dedo, o de fariseos que rasgan sus vestiduras al negar vanamente que el proceso contra Alberto Kenja Fujimori Fujimori contiene un inocultable contenido político, ya que no juzgan a un delincuente común, sino a quien condujo sus destinos por más de una década.

El pueblo peruano no se acuerda —seguramente— de los coches bombas, de la constante voladura de torres eléctricas, de los asesinatos a policías y autoridades políticas y militares.

Cuando existió el terrorismo, todos aplaudieron las medidas dictadas para contenerlo eficazmente, igual que para develar los atentados con coches bomba en donde murió gente inocente…

Los encargados de la sentencia, César San Martín Castro, presidente, y los vocales, Víctor Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo, se apartaron inopinadamente del texto de la extradición que ordenaba el juzgamiento de Fujimori por homicidio calificado, en los casos de los Barrios Altos y La Cantuta, para procesarlo y condenarlo —insospechadamente— por el delito de omisión, no previsto inicialmente, cediendo —seguramente— a las presiones de las ONG defensoras de Derechos Humanos y para darles gusto a determinados medios de comunicación que conforman el hoy llamado poder mediático.

Para el caso ya existe jurisprudencia en una sentencia de un proceso que se siguió contra Alan García por el emblemático caso Accomarca, en el que la Corte Suprema desechó la acusación de la autoría mediata con el argumento de que “un jefe de Estado no puede ser garante del cumplimiento de las políticas de su gobierno, menos de las acciones militares indebidas”.

Nunca se probó en este juicio la comisión del delito imputado, por lo que hubo que sentenciarlo por “homicidio por omisión”, contrariando la determinación de los tribunales chilenos que negaron el cargo cuando autorizaron la extradición; tampoco fue el cargo con que el Ministerio Público (fiscalía peruana), débil e inconsistentemente, acusó formalmente a Fujimori de haber sido el autor literal de la guerra sucia, de haber implementado el llamado grupo Colina y de haber dado las órdenes para que se cometieran los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, es decir, lo acusó de ser el inspirador inmediato —más no mediato— de los presuntos homicidios, sin que apareciera por parte alguna el inexistente cargo de “homicida por omisión”.

Fujimori salvó al Perú, así lo escribirá —estoy seguro— la historia, ya que en última instancia siempre prevalecerá su veredicto. Y recordando los efectos de la Revolución Francesa, se puede concluir con Chou En Lai: “Es demasiado pronto para pronunciarse”.

 Mario Arias Gómez. Bogotá.

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