Por: Jorge Iván Cuervo R.

Una transición empantanada

A muchos les cuesta aceptar que el acuerdo entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc es una transición pactada, es decir, una negociación política entre un Estado y un grupo alzado en armas para dar por terminado un conflicto armado no internacional. Esta descripción se ajusta plenamente al derecho internacional y a la tradición de terminación de conflictos en el interior de los Estados por la vía de la negociación.

Claro, el tema tienes aristas, esa guerrilla no realizó sus acciones bélicas con respeto al derecho internacional humanitario, y por esta razón muchos de sus integrantes, incluyendo sus líderes, cometieron graves crímenes de guerra —incluyendo el uso del terrorismo y el reclutamiento de menores— y otros graves delitos como el secuestro, que no pueden ser amnistiados. Por su parte, el Estado decidió enfrentar el asedio de esta guerrilla con medios legales —el uso de la fuerza legítima— pero también con métodos ilegales y, en esa medida, muchos de sus agentes incurrieron en graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, como la desaparición forzada y el apoyo y auspicio de grupos paramilitares que a su vez cometieron graves crímenes contra la población civil, muchas veces apoyados por sectores de la sociedad civil, élites políticas locales y empresarios.

Así que el panorama de responsabilidades en el conflicto armado interno es más complejo de lo que parece. El Estado y las Farc entonces pactaron una transición que supone desarme y desmovilización de esa guerrilla, un sistema de justicia transicional en el que deben investigarse y juzgarse las responsabilidades de parte y parte y la posibilidad de poder participar en política, con programas de desarrollo en el campo y solución al tema de las drogas ilícitas.

Ese acuerdo así pactado fue derrotado en las urnas —un error de cálculo del presidente Santos que aún hoy padecemos— y su refrendación política en el Congreso ha sido insuficiente para implementar todos los puntos. La decisión de negociar no fue aceptada por un sector político que considera que las Farc estaban a punto de ser derrotadas militarmente y que lo que hizo Santos fue darles un respiro, esa desavenencia, que implica no reconocer el carácter político de la negociación, se agudizó con el resultado del plebiscito del 2 de octubre.

Hoy estamos ante un establecimiento político fracturado, lo que hace más difícil la transición, y esa falta de consensos mínimos en el sistema político la ha tenido que solventar la Corte Constitucional, institución que se ha convertido en árbitro de la negociación.

Seguramente con un establecimiento político cohesionado alrededor de unos mínimos, el trámite de la agenda legislativa sería más expedito, e incluso las condiciones para las Farc podrían ser más exigentes en esos márgenes de apreciación que deja el texto del acuerdo, pero ante un establecimiento dividido, al Gobierno y su bancada les ha tocado jugar el papel de defender lo pactado y, por esa vía, menores exigencias a las Farc.

La Corte Constitucional anunció que el sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición creado por el Acto Legislativo 01 de 2017 se ajusta a la Constitución, y aceptó que los miembros de la ahora Farc puedan participar en política si declaran someterse ante la  JEP, que la comparecencia de terceros es voluntaria, que la justicia transicional es compatible con la justicia ordinaria y que la responsabilidad de mando será restrictiva, en contravía de lo señalado por la fiscal ante la Corte Penal Internacional.

A golpe de Corte sigue avanzando el proceso hasta el próximo gobierno, cuando sabremos si las diferencias se mantienen o acentúan, o se logra un consenso mínimo para pasar del acuerdo al posconflicto.

@cuervoji

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