Por: Gustavo Gallón

Una tutela para no volverse loco

DESDE 1999, POR LO MENOS, EL MInisterio de Protección Social tiene claro que las víctimas del conflicto armado están expuestas a graves afecciones de su salud mental, que deben ser tratadas integralmente, a través de atención psicosocial.

Esto significa que a quien presente síntomas de angustia, depresión, psicosis o miedo, tales como insomnio, anorexia, delirios o tristeza acentuada, no se le puede despachar con una aspirina o un antidepresivo. Es necesario, además de medicar la dolencia física, elevar los niveles de autoestima y de reconocimiento como ser social, a través de una terapia profunda que tenga en cuenta las relaciones familiares y sociales, sobre todo en víctimas de desplazamiento. Así está escrito en un bello documento oficial titulado Lineamientos para la atención psicosocial de población desplazada por la violencia en Colombia 1999.

Cuatro mujeres desplazadas forzadamente de El Salado por las masacres paramilitares de 1997 y de 2000 acudieron a la Corte Constitucional para que le recordara al Gobierno su deber de atenderlas como personas especialmente vulneradas por la violencia sociopolítica. Además de haber perdido seres queridos o haber presenciado escenas dantescas protagonizadas por paramilitares, guerrilleros o agentes del Estado, han padecido un demencial viacrucis en hospitales y centros de salud que les han negado atención por no portar el carné del Sisbén o por estar inscritas como desplazadas en un municipio distinto al de la clínica. Algunas de ellas sacaron plata de donde no tenían para pagarle a un médico particular que las postró por algunos días en una cama a punta de pastillitas. A otra incluso la llevaron donde brujos para curarla de los malos espíritus.

El Ministerio le dijo a la Corte que ha organizado diplomados y ha firmado convenios para la atención en salud mental a mujeres desplazadas. Pero también le dijo que una mujer desplazada afiliada al régimen subsidiado de salud no puede ser atendida más que por médico general o enfermería no especializada, y que, si no está afiliada, queda sujeta al albur de los servicios de salud que ofrezca el municipio o el departamento respectivo.

La Corte, luego de escuchar a importantes organizaciones de mujeres, de niños y de salud mental, le advirtió al Ministerio que en un Estado social de derecho las autoridades deben promover “condiciones de vida dignas para todas las personas, y la solución de las desigualdades reales que se presenten en la sociedad, con miras a instaurar un orden justo”. En consecuencia, le ordenó garantizar de inmediato a las cuatro demandantes atención médica especializada, con inclusión de profesionales expertos en enfoque psicosocial para víctimas, e implementar, máximo en seis meses, políticas para la recuperación de los impactos psicosociales que afecten a víctimas del conflicto armado. Es la sentencia T-045 de 2010, fechada el 2 de febrero, que reitera órdenes impartidas en la sentencia T-025 de 2004 y en los autos 092 y 237 de 2008, entre otras decisiones. Elemental, señor Ministro.

 

* Director Comisión Colombiana de Juristas

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