Por: Elisabeth Ungar Bleier

Unas de cal, otras de arena

Mientras se tramitaba la tristemente célebre reforma a la justicia, se aprobó la Ley Estatutaria sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública, promovida por la alianza Más Información Más Derechos*, con el apoyo de las embajadas de los Países Bajos, Canadá y el Reino Unido, países pioneros en estas materias.

Esta ley recoge estándares constitucionales e internacionales y elimina la dispersión y la precariedad legislativa que históricamente no han permitido ejercer plenamente este derecho en Colombia.

Ésta, como la mayoría de las leyes, tiene imperfecciones. Pero si se trata de hacer un balance, este es positivo. Para mencionar sólo algunos logros, la ley obliga a entregar información de manera proactiva, es decir, sin necesidad de ser solicitada por el ciudadano; se establece la construcción de una política pública de acceso a la información y se eliminan zonas grises en entidades que no entregaban información, como los partidos políticos, empresas de servicios públicos y de economía mixta.

Algunas de las críticas formuladas carecen de fundamento. Por ejemplo, que la ley faculta a los funcionarios para crear una nueva reserva. Nada más alejado de la realidad. La ley establece tres requisitos que impiden que un funcionario pueda aducir reserva a su antojo. Con respecto a los tiempos de ésta, la nueva ley los reduce de 30 a 15 años, con posibilidad de prórroga excepcional por otro período igual, previa aprobación de cada superior jerárquico de todas las ramas del poder público y órganos de control. Esto da aún más garantías al acceso a la información.

De otra parte, se establece la posibilidad de aplicar la tutela como instrumento garante de este derecho fundamental. Actualmente la existencia del recurso de insistencia limita esta opción. Así mismo, se amplía el concepto del derecho y la obligación de producir y capturar la información, se dan garantías para realizar solicitudes con identificación reservada y para que los grupos étnicos y culturales accedan a la información que los afecta.

Pero el texto aprobado también contiene aspectos muy inconvenientes que fueron incluidos por algunos congresistas y entidades del Gobierno, y que fueron oportuna y públicamente señalados por la alianza. Por ejemplo, un parágrafo incluido en tercer debate por el Ministerio de Defensa, en el que se establecen unas excepciones, que además de inconstitucionales atentan contra la transparencia y el derecho al acceso a la información. Por esta razón, la alianza hará su intervención ante la Corte Constitucional en aras de la declaratoria de inexequibilidad o modulación de este parágrafo.

El proceso de aprobación de la ley no ha culminado. Por ser estatutaria, debe pasar por revisión previa de la Corte Constitucional, momento en el cual la sociedad civil podrá participar y buscar que se corrijan los errores. Lo sucedido con la reforma a la justicia mostró que tiene el poder de hacerlo.

*La alianza  está integrada por las organizaciones de la sociedad civil Centro de Estudios  DeJusticia; Fundación para la Libertad de Prensa (Flip); Transparencia por Colombia; Corporación Ocasa, y el Proyecto Antonio Nariño (PAN).

 

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