Por: Francisco Gutiérrez Sanín

Uniendo al país

En su alocución presidencial de la semana pasada, el presidente Duque prometió —acudiendo a lo más naranja de su repertorio naranja— que uniría al país. Si esa es la unión, no quiero imaginarme cómo será la desunión.

Colombia se deshace por todas las costuras. A los indígenas y campesinos del Cauca ya les comenzaron a dar bala en serio, antes de prometérsela públicamente: pues ya Duque habla de su paciencia que se agota, gracias a la cual no ha habido decenas de heridos. Resulta un homenaje maravilloso a la flexibilidad del carácter humano (¿o a su ausencia?) que esa misma persona calle estoicamente ante el regaño para escolares que le propinó públicamente Trump: una humillación inaudita que no es sólo para él sino para todos los colombianos. De pronto su mansedumbre se deba al hecho de que el embajador de los Estados Unidos en Colombia estaba haciéndole el mandado de minar las hasta ahora mayorías parlamentarias contra las objeciones presidenciales a la JEP. Esta, por desgracia, es la hipótesis optimista.

En el ducado colombiano, pues, cada quien hace su juego, cada quien saca su tajada, cada quien busca su propio rédito, sin que parezca haber ninguna clase de coordinación central salvo la que ofrece esporádicamente el Gran Líder, quien también trata de manera bastante obvia al presidente elegido con la amable condescendencia que se les debe a los menores de la familia cuando se atreven a hacer cosas “solitos” (¿valdrá la pena recordar que en estos dos párrafos he utilizado expresiones públicas y textuales?). Tal vez la minga deba más bien reclamar la presencia de algún adulto.

Como fuere, mientras se encuentra la solución muchos partidarios del Gobierno promueven paladinamente una salida violenta para la minga y desarrollan a partir de ella toda clase de teorías del complot y discursos de odio. El núcleo de tales discursos es quitarle su humanidad al Otro esencial. El resultado podría ser, infortunadamente, más sangre colombiana derramada. Esto no es “unión”: es irresponsabilidad pura y dura, basada en una división del trabajo —no desconocida para el país— según la cual el presidente pone la apariencia amigable mientras sus fieras trazan las orientaciones, los discursos públicos y las decisiones de fondo.

Pero la irresponsabilidad tiene consecuencias. Estas se han revelado también de manera transparente —y dolorosa— en nuestra política exterior. Tomen lo de Venezuela. Nuestro ducado operó sobre la premisa de que a Maduro le quedaban los días, o las horas, contados. El concierto de baladas que tuvo lugar en la frontera, nos decían, era equivalente en importancia a la caída del Muro de Berlín (estarían pensando más bien en una versión de Jericó con música para planchar, me imagino). Pero Maduro sigue ahí. El impulso intervencionista de Trump se enfrió; hay más actores en este juego que los que había previsto el aventurerismo de aficionado de nuestro Gobierno. ¿Y los intereses vitales de los colombianos? ¿Qué pasa por ejemplo con Cúcuta, buena parte de cuyo bienestar depende de que la frontera esté abierta y funcionando razonablemente bien? ¿Qué pasa con todos esos empresarios que tenían cuentas de cobro en Venezuela, y que con la ruptura de cualquier clase de relación quedaron colgados de la brocha? ¿Cuánto nos habrá costado la aventura? ¿Algún periodista acucioso podrá tratar de responder seriamente a tales preguntas?

Uno de los efectos a largo plazo de la irresponsabilidad como sistema de gobierno es que podría terminar perjudicando los intereses de todos los colombianos. Ejemplo: el Gobierno parece ahora decidido a azuzar a unos sectores sociales contra otros. El resultado podría ser totalmente desestabilizador. Lo que constituye una nueva ironía. Durante la campaña presidencial, Uribe salía en una cuña televisada lanzando la siguiente consigna: “No a la lucha de clases”. Paradójicamente, su discípulo podría terminar siendo el gran promotor de ella. Esta vez, no él solito, sino acompañado.

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2019-04-05T00:00:56-05:00

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2019-04-05T00:15:01-05:00

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