Por: Reinaldo Spitaletta
Sombrero de mago

Universidad y líderes sociales

Las movilizaciones del 26 de julio en contra del asesinato de líderes sociales en Colombia mostraron en parte un avance en la capacidad de resistencia civil y protesta de la sociedad y, al mismo tiempo, aportaron a una “visibilización” más amplia de la situación, que sigue siendo muy grave. Y en este punto, las universidades, cuyo deber ser es también el de proyectarse con sus reflexiones fuera de los claustros, han venido tomando posición al respecto.

Ahora se discute si estos crímenes obedecen a un sistema, a una acción premeditada, a una planeación en la que pueden estar las siempre denominadas “fuerzas oscuras”, una “mano negra”, una organización. Y no como dijo el exministro de Defensa del gobierno Santos, Luis Carlos Villegas, que tales atrocidades obedecían a “líos de faldas”, o como lo señaló el actual titular de esa cartera, Guillermo Botero, (aunque luego se disculpó) de que las víctimas eran “en su mayoría criminales dedicados al narcotráfico”.

Así que, desde la óptica oficial, se ha intentado desde hace rato minimizar la ola homicida contra líderes sociales. Una avanzada criminal que parece ir en aumento, según los más recientes asesinatos después de la demostración masiva contra esta barbarie. La Universidad de Antioquia, a través de su periódico Alma Mater, dijo que las amenazas y asesinatos contra líderes sociales no solo exigen un “vehemente rechazo; también una reflexión sobre las causas y consecuencias de esta violencia”.

Es clave —y necesario— que la academia se pronuncie sobre estas muestras de intolerancia e incivilización. Y que, además, promueva las discusiones acerca de estos atentados contra la democracia, la libertad de pensamiento y expresión, y, en este caso particular, sobre la tenebrosa empresa criminal de asesinatos de líderes sociales.

“La universidad tiene una obligación ética, moral, institucional, y como tal debe pronunciarse en medio de estas situaciones tan difíciles que se viven en el país por las amenazas y asesinatos de los líderes sociales, estudiantiles, (…) para ser voz de aquellos que no tienen voz”, dijo el rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda Céspedes (Alma Mater, No. 689, pág. 9). En el mismo pronunciamiento, se hizo una aproximación al concepto de líder social: “Un líder social es toda aquella persona que ejerce un liderazgo en el ámbito de una organización, de una comunidad o en movimientos de diversa índole: sociales, políticos y hasta religiosos”, según el profesor Jaime Granada, del Instituto de Estudios Políticos de la U. de A.

La citada publicación incluyó la opinión y visión de distintos actores, como una muestra de las diferentes ópticas —unas muy críticas, alguna otra no tanto y hasta complaciente— que se construyen en torno al asesinato de líderes sociales y populares en Colombia. Así, por ejemplo, la senadora Aída Avella, de la Unión Patriótica, dijo: “Además de que nos victimizan, nos matan, encima ponen en duda si son líderes sociales o no. Para nosotros todos son líderes sociales, y si en el crimen se le llevaron el celular, ese no es más que el accesorio del crimen. Ahí está la gran diferencia”. Y se preguntó quién mata a la gente que está en reclamación de tierras, como sucedió en el reciente caso de María del Pilar Hurtado, asesinada en Tierralta, Córdoba.

Para Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, no existe un plan o sistematicidad de matar a líderes sociales. “Los van matando según la necesidad del grupo criminal que está ahí. Pero no es que haya un plan de ‘vamos a matarlos’”, dijo en el mismo periódico. Esta posición contrasta con la emitida por Leonardo Díaz, coordinador del programa Somos Defensores: “Lo que pasa con los líderes sociales es sistemático e histórico. De acuerdo con los informes recogidos, en más del 50% de los casos se sabe quién está detrás de los asesinatos”.

Desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016 han asesinado a más de 700 líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. Y el hecho, espantoso y cruel, por repetido puede ir afectando la capacidad de indignación y de repulsa frente a tales atentados. Por eso es necesario, además de las tareas divulgativas, que las universidades también se sumen al análisis y sienten posición frente a unos hechos que parecen hacer parte de una sistematización e intencionalidad de grupos criminales.

Uno de los roles de la universidad (tanto pública como privada) es poner en la arena de la discusión pública situaciones como la marejada de asesinatos de líderes sociales. Así, entre todos, puede construirse una atmósfera que no permita la naturalización e insensibilización frente a la atrocidad. Al contrario, debe alertar a la comunidad y hacerla más contestataria y cuestionadora ante la sumatoria de atropellos y desafueros, muy sistemáticos la mayoría de ellos.

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