Urgente, urgente: Agricultura Orgánica

Definitivamente la agricultura en nuestro país no sale del túnel de las improvisaciones. Continuamos firmando acuerdos comerciales, lo que está muy bien, pero es inconcebible  que al firmarlos no se haga claridad sobre la ausencia casi que total de la Agricultura Orgánica en nuestro país, requisito fundamental para poder exportar productos del sector agropecuario en cualquiera  de sus modalidades.

Se han firmado Acuerdos y TLC, con Chile, los países del cono sur de Suramérica – Salvador, Honduras y República Dominicana-; el más importante se acaba de firmar con Canadá, se espera la ratificación con el TLC, de los Estados Unidos.  Ante el muy posible fracaso del: TLC: CAN y EU, por falta de unidad de criterios, se está abriendo paso para concretarlo unilateralmente con Colombia y con los demás países de la Can.

Desde ya empezamos a quedar mal especialmente con Canadá, ante la pronta entrada en vigencia de tan importante convenio comercial. Son varias las empresas importadoras Canadienses de productos agrícolas orgánicos que están requiriendo información. Dentro de los requerimientos, exigen que el producto se hubiese  cultivado, sino, con abonos orgánicos; por lo menos con agricultura limpia. Resulta, que en ninguno de los dos casos acertamos. Aventurarnos a exportar sin este requisito es exponer la buena imagen de nuestro país, como productor de sinnúmero de productos agrícolas de buena calidad, pero, carentes de requisito tan elemental, que, se abre paso como prioritario en todos los países del mundo. Los Organismos internacionales que los certifican para el consumo humano: FAO, OMS, FDA, han expedido una normas técnicas, que si bien no son rígidas, si indispensables de cumplir y hay que registrarlas antes de despachar la mercadería del país de origen al de destino.

La Agricultura Orgánica en Colombia, empezó a darse en el año de 1.994, con la Resolución No. 005 expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Posteriormente el Gobierno la   reglamentó autorizando a la Superintendencia de Industrial y Comercio, para su vigilancia y control. Desde aquí empezamos muy mal, está entidad nada tiene que ver con el manejo del sector agropecuario. La Superintendencia para deshacerse de tan incomodo compromiso contrató a la naciente Corporación Colombia Internacional, CCI, como única instancia certificadora, es decir, monopolizó tan importante actividad para el futuro del sector  con clara violación de las más elementales Normas Constitucionales.

Pero, lo más extravagante: la CCI, fijó unas tarifas inabordables para certificar predios rurales, fuera del alcance de  pequeños y medianos productores. Últimamente se amplió la nómina de firmas certificadoras con otras cuatro empresas que a decir verdad no disponen ni del profesionalismo, ni de la infraestructura necesaria para cumplir con tan importante labor. Los avances son tan pírricos y tan pobres, que podríamos decir, que en un 90% la agricultura de nuestro país, continúa manejándose con los modelos ancestrales. Para el año 2006, se expidió la Resolución No.0187 por medio de la cual se adicionan  una serie de normas que hacen más rígidas y exigentes los requisitos para obtener el permiso de agricultura orgánica. La última norma en sí, es bien importante, lo grave es que continúa atada al negocio de unos pocos. Su manejo y desarrollo puede implementarse, casi diría que con las juntas de acción comunal rurales, o las antiguas Umatas con la súper - vigilancia desde luego de una entidad reguladora que bien pueden ser las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural.

La pregunta del millón: ¿De quién es este negocio? ¿Quién, lo montó? ¿Porque este círculo tan vicioso?  ¿Porque el Ministerio de Agricultura se va en contra de su misma infraestructura creada para el desarrollo del sector agrícola en nuestro país? Para certificar un predio como apto en agricultura orgánica, cada Región, municipio o vereda, tiene profesionales altamente calificados, verdaderos científicos, que lo que falta es organizarlos y darles personería como entes jurídicos. No me aparto, que la certificación requiere de todo un proceso y que las normas técnicas hay que cumplirlas a cabalidad.

Pero, en los tiempos de la informática y la rapidez de las comunicaciones, continuar dejándonos meter los dedos a la boca de las entidades certificadoras designadas a dedo por el gobierno, que lo único que hacen es desplazar agrónomos, ingenieros de alimentos, topógrafos y analistas, a cumplir misiones con sueldos de hambre, para certificar predios rurales, cuando el campesino propietario de los mismos, conoce al dedillo hasta los mecanismos más complejos para producir abonos orgánicos y a su vez agricultura del mismo tipo. Son miles los campesinos que la están produciendo independientemente, pero, infortunadamente por no tener los recursos económicos para pagar a las certificadoras de las ciudades, tienen que soportan el lastre de ser rechazados como productores orgánicos. Valdría la pena que el señor Ministro de Agricultura le ponga atención a este asunto tan delicado pero, de gran importancia para el futuro exportador del sector agropecuario.

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