Por: Javier Ortiz

Uribe y la desinformación como estrategia de defensa

En medio de la turbia controversia mediática que se ha levantado posterior al formulario de 100 preguntas que se obligó a responder al expresidente Uribe Vélez mientras rendía indagatoria, la historia de la falsa monja es solo una parte de la cortina de humo que se desplegó. Otra, bastante reprochable, ha sido sacar al ruedo una cuestión ya conocida por la Corte y resuelta de fondo: la participación del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP).

Uribe, en un intento de capotear el impacto de la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia en su contra por manipulación y soborno de testigos, inmediatamente después de rendir indagatoria hizo una prolongada intervención sobre unas supuestas irregularidades en el proceso. Con el tono de voz del corazón blando, sacó a relucir un supuesto pago de un dinero al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve por el testimonio que lo señala como uno de los fundadores del Bloque Metro de las Autodefensas. Ese pago, según el expresidente, se hizo a través del Comité de Solidaridad de Presos Políticos. Lo que no contó el expresidente es que la misma Corte Suprema de Justicia ya conocía el tema y quedó bastante aclarado que el pago jamás existió.

En sentencia del 16 de febrero de 2018, la Corte había declarado que las acciones realizadas por el Comité en el caso de Monsalve eran parte de la misión de esta organización defensora de derechos humanos y que de ninguna manera eran actuaciones ilegales. La ayuda económica a la familia de Monsalve estaba motivada por razones serias relacionadas con el riesgo para la vida del testigo y su familia, y la entrega de apoyos para la protección fue posterior a la declaración que Monsalve dio contra Uribe.

Es decir, una vez Monsalve declaró sobre los vínculos del expresidente con el paramilitarismo, le empezaron a llegar mensajes amenazantes a la cárcel de Cómbita —donde estaba recluido— para que cambiara su declaración. Su cabeza tenía precio: $80'000.000 se ofrecían a quien lo asesinara. Intentaron matarlo con un cuchillo, encontraron una sustancia venenosa en su celda y lo visitaron paramilitares que amenazaron con hacerle un atentado a su familia si no cambiaba la versión.

El Comité, como lo ha hecho con múltiples casos, se reúne con el Programa de Protección de Testigos de la Fiscalía, pero ante el letargo institucional, actúan ellos como organización no gubernamental. Su nombre lo dice todo: “Comité de Solidaridad”. Han estado trabajando el tema de los derechos carcelarios por décadas y la protección de la vida de reclusos que enfrentan situaciones de riesgo y seguridad activando protocolos de emergencia con fondos que tienen destinados para estos casos. Eso fue justo lo que hicieron cuando Monsalve los contactó, mientras las entidades gubernamentales actuaban.

Si bien el tema quedó resuelto en la sentencia de hace más de año y medio —febrero de 2018—, Uribe y sus allegados más feroces lo están sacando ahora como su mejor caballo de batalla para impactar sobre una opinión pública desinformada.

La actuación del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos no solo se hizo de manera transparente y acorde con su sentido misional —como lo verificó la Corte—, sino que logró proteger la vida de Monsalve y de sus familiares. El uribismo debería sonrojarse, por lo menos, al recordar cuántos testigos en contra de sus dirigentes no han contado con la misma suerte y han sido “coincidencialmente” asesinados.

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2019-10-17T00:00:50-05:00

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2019-10-17T00:15:01-05:00

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