Por: Ramiro Bejarano Guzmán

Uribismo al acecho

LA SENADORA MARÍA DEL ROSARIO Guerra de la Espriella, quien hoy se ha convertido en un estratégico alfil del expresidente Álvaro Uribe, ha presentado un insólito proyecto de ley “por la cual se redefine la política pública y se ajusta la institucionalidad, regulación, vigilancia y control en materia de servicios de televisión”.

El proyecto está pésimamente redactado, lo que resulta extraño no sólo porque la Senadora Guerra, antes de meterse en las que anda, tenía responsabilidades académicas donde se supone debió afilar su pluma, sino por su condición de exministra de comunicaciones, es decir, conocedora de ese sofisticado universo de las redes de televisión. Pero allí no radica el problema.

No se entiende la razón por la cual la doctora Guerra, sólo ahora como senadora, cayó en la cuenta de presentar un proyecto de ley para redefinir la política del sector de comunicaciones y regular la vigilancia y control en los servicios de televisión, pero no lo hizo durante los varios años en los que estuvo al frente del ministerio del ramo.

Algo hay detrás de ese proyecto que en cierta forma resulta sorpresivo, sobre todo después de lo que consagró recientemente el artículo 41 del Plan Nacional de Desarrollo. En efecto, en esta última disposición se reguló un nuevo régimen abierto y de talante pluralista de concesiones de espacios de televisión en el canal nacional de operación pública, es decir, lo que se conoce como el Canal UNO. Mientras en esta ley se fortalecen los canales públicos, el proyecto uribista parece ir en contravía de ese sano objetivo.

En el Canal UNO se transmiten los fines de semana dos emisiones del noticiero Noticias UNO, que por años viene siendo reconocido como independiente, objetivo y duro crítico de todos los Gobiernos. Durante los ocho años de los dos mandatos de Uribe este medio fue un auténtico dolor de cabeza para el régimen de la seguridad democrática, como inclusive lo reconoció el propio mandatario en alguna ocasión en la que divisó el logotipo de esa casa periodística cuando iba a ser entrevistado. Para nadie, pues, es un secreto que en las toldas uribistas, donde sólo ven con buenos ojos a los comunicadores que aplauden a rabiar, Noticias UNO es detestado y perseguido.

Y resulta que el proyecto de marras presentado por la exministra de comunicaciones trae una perla que al rompe sugiere la idea de que, de ser aprobada cierta disposición, los actuales concesionarios del Canal UNO tendrían que terminar muy pronto sus contratos y dejar sus espacios, porque no tendrían opción de que se les concedieran nuevas concesiones. En otras palabras, lo que parece pretender el proyecto de ley de esta senadora uribista pura sangre es crear el escenario jurídico para sacar del aire a un medio que no se ha doblegado ante el inmenso y arrollador poder oficial.

En efecto, escondido en un parágrafo, el proyecto de ley propone que “una vez finalizada la prórroga de 40 meses otorgada a los concesionarios de espacios del Canal UNO, RTVC revertirá las frecuencias asociadas a la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) para ser otorgadas a nuevos proveedores del servicio de televisión abierta durante el período de transición previo al apagón analógico definido por la ANTV”. Al menos entendido de los mortales le resulta fácil comprender que obligar a los actuales concesionarios a revertir las frecuencias para que sean “otorgadas a nuevos proveedores”, es impedirles continuar operando, para que sean sustituidos por otros menos “fastidiosos”.

Vaya paradoja. Si bien con este articulito los uribistas podrían cobrar venganza, les abrirían a los insurgentes la posibilidad de reclamar un espacio en el Canal UNO. A propósito de ejercer críptica censura están a punto de meterse un tiro en el pie. ¿Qué tal que hubieran ganado un tercer período?

Adenda. La sanción impuesta al director de Comfenalco —Valle del Cauca— Felice Grimoldi, de inhabilidad por 10 años para ejercer cargos públicos y una multa por 36 millones, es apenas la punta del iceberg de un gigantesco entramado de corrupción que involucra a poderosos señores y señoras de la política regional.

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