Uruguay y el impuesto a la concentración de la tierra

Muy poco se conocen en Colombia las realizaciones de los gobiernos que en América Latina se han autocalificado como progresistas, nacionalistas y de izquierda.

Sin embargo, estamos muy al tanto de las excentricidades de sus líderes, de sus debilidades y errores, los cuales son magnificados y deformados sin ningún pudor. La consecuencia es que ignoramos sus esfuerzos por superar un modelo económico globalizado con clara tendencia a ampliar las desigualdades sociales. Y considerando que en este nuevo reparto mundial del mercado se le adjudica a nuestro país la especialización en la producción de materias primas, alimentos y derivados del campo, nos parece importante poder aprender de cómo están abordando temas tan importantes, como las garantías de los derechos a la tierra y al desarrollo rural igualitario y sustentable.

Tema que aborda en forma muy crítica el reciente informe del PNUD sobre Colombia, negando a quienes consideran que la tecnificación del campo conduce inevitablemente a la reducción de la mano de obra y a la concentración en manos extranjeras de la propiedad rural.

Caso por caso, intentaremos revisar las políticas públicas de estos gobiernos, dirigidas hacia un desarrollo alternativo, y comenzaremos por el de Uruguay, considerado como moderado. Luego de un fuerte debate interno entre quienes defienden el programa de gobierno del Frente Amplio, y su vicepresidente y anterior ministro de economía, Danilo Astori, se aprobó la presentación de un proyecto de ley que obligará a todos los tenedores de más de 2.000 hectáreas a pagar un impuesto a la concentración de los inmuebles rurales, ICIR. Tributo que será independiente de la condición de grandes inversores (empresas papeleras y de agrocombustibles) exonerados del pago de impuestos.

Lo pagarán principalmente el 2,4% de los propietarios que poseen el 33% de la tierra, y se lo ha presentado como una forma de “desalentar la concentración de la tierra”, dejando claro en el proyecto que lo recaudado se destinará exclusivamente a la reconstrucción de las redes viales secundarias y terciarias, que son vitales para el acceso al mercado de los pequeños y medianos productores. Para aprobarlo, el Frente Amplio tiene una ajustada mayoría parlamentaria, pero cuenta con el apoyo mayoritario de la población urbana y rural, y del presidente Mujica, que no olvida su pasado de pequeño productor agrícola.

Considerando que en Colombia las cifras de concentración y extranjerización de la tierra son muy superiores, la idea suena bien. El congresista Wilson Arias ha denunciado en el Congreso que 135.000 hectáreas de los llanos (altillanura) ya están en manos de empresarios extranjeros y que 215.000 más en las de grandes consorcios nacionales; un fenómeno que se extiende a todo el continente y que llevó a los gobiernos de Brasil y Argentina a considerarlo como un riesgo a la soberanía nacional y alimentaria. Con los recaudos de este impuesto adecuado a nuestra realidad territorial, se podría financiar la recuperación vial y la restitución de las tierras a las víctimas del conflicto armado. Pueblo y campesinos para apoyar la propuesta hay muchos, aunque desorganizados, y habrá que apoyar a los reformistas que se le animen.