Por: Camilo Sánchez Ortega

Usuarios no deben pagar decisiones arbitrarias que afecten el servicio de energía eléctrica

Encontrar una solución estructural y sostenible a la prestación del servicio de energía en la región Caribe, debe ser prioridad para el Gobierno sin que el remedio sea peor que la enfermedad.

El Proyecto de Ley 130, radicado en el Congreso de la República, pretende tomar el 45% de los recursos del cargo por confiabilidad para otra destinación: 30% para subsidios de estratos 1 y 2 y 15% para favorecer a la región Caribe durante 8 años, hecho que puede traer problemas en medio de un ambiente populista, mezclado con desinformación.

El cargo por confiabilidad se creó a raíz del apagón de 1992 para incentivar la expansión de la generación de energía eléctrica, lo que significó más plantas para asegurar el abastecimiento de la demanda del país en el largo plazo. Las reglas claras dieron seguridad jurídica y promovieron la inversión.

El cargo arrojó dos resultados: la entrada en operación de 22 proyectos de generación que han aportado una nueva capacidad instalada de 6.020 megavatios (MW) -una expansión del 54%- y se adicionarán 2.490 MW con la entrada de Termonorte e Ituango (que ya empieza a superar su contingencia). Aclaremos que las plantas sólo reciben este ingreso a partir de su entrada en operación, pero el compromiso en el pago es necesario para su construcción. Con este panorama el país incrementará en 77% el parque de generación.

El segundo resultado es que se ha garantizado la confiabilidad del servicio al atender la demanda de electricidad de manera continua, sin racionamiento alguno. El Sistema Interconectado Nacional no se ha apagado ni un minuto, ni siquiera con el Fenómeno El Niño 2015-2016, en donde se promovió “Apagar paga”, una campaña voluntaria de ahorro. El problema en ese año no fue energético sino financiero, debido a que con el precio de escasez que se tenía no se alcanzaban a remunerar los costos variables de la generación, por lo cual este debió ser ajustado por el regulador de tal forma que ante un nuevo Fenómeno El Niño, este precio permitirá recuperar el costo del combustible a las plantas térmicas para generar energía.

Otro beneficio de esta medida fue limitar el precio que los usuarios pagan por la energía durante situaciones críticas de escasez de agua; en el último Fenómeno  El Niño se evitó que las personas pagaran 17 billones de pesos, efecto rotundamente positivo.

El manejo del cargo ha sido transparente, el dinero recaudado se ha asignado a las plantas de generación bajo reglas estipuladas que permiten remunerar el capital fijo de las inversiones de las plantas de generación, lo cual incluye construcción y mantenimiento; este no es un dinero público y no se puede disponer libremente de él.

Ahora bien, como se necesita una nueva subasta para obtener proyectos que permitan -junto con las plantas existentes- cubrir la totalidad de la demanda eléctrica esperada para 2022, me pregunto: ¿Qué pasará con la subasta convocada para el primer trimestre del 2019, de aprobarse la propuesta? ¿Qué le diremos a los bancos, a los inversionistas y a los usuarios? Recordemos que, si se usan los recursos del cargo para otro propósito, en épocas de sequía tendremos que pagar más en nuestras facturas o incluso vernos expuestos a un racionamiento.

El proyecto de ley también busca cubrir los subsidios de los estratos 1 y 2, cosa que no tiene sentido económico ya que los usuarios subsidiados pagarán sus propios subsidios. Además, este proyecto propone establecer un valor fijo para el cargo por confiabilidad, lo cual no es equitativo ni racional, desconoce el valor real del servicio y afecta la prestación del mismo.

Hablémosle claro a Colombia, cualquier decisión arbitraria se verá reflejada en la confianza inversionista. Dejemos de ser sofistas, para que primen los argumentos técnicos sobre los políticos.

Presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco.

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