Vacuna y tutela

El Gobierno teme que las decisiones judiciales, sobre todo las tutelas, descarrilen su plan de vacunación contra el COVID-19 y, en especial, su esquema de priorización. Por ello, según información de prensa, el ministro de Salud se reunió con integrantes de las cortes y de los organismos de control y los exhortó a que todas las ramas del poder preserven ese plan. El presidente Duque hizo lo propio con la Corte Constitucional para explicarlo y evitar así una avalancha de tutelas.

En cierta forma, con esas reuniones y mensajes públicos, el Gobierno está buscando una suerte de vacuna que proteja su plan de vacunación contra una enfermedad que teme: una posible tutelitis.

Esta preocupación es, hasta cierto punto, comprensible, pues la vacunación es una política esencial para poder reducir el impacto de la pandemia, por lo que es importante que salga bien, y ciertas decisiones judiciales equivocadas pueden tener efectos negativos sobre su implementación. Pero esas reuniones del Gobierno con las cortes y los organismos de control para “vacunar” su plan e inmunizarlo contra ese supuesto virus que sería la tutelitis suenan mal, al menos por tres razones.

Primero, porque ese tipo de encuentros privados entre el Gobierno y las cortes no son propios del Estado de derecho, por cuanto los jueces son independientes y deben controlar al Ejecutivo. Salvo en temas puramente protocolarios, el presidente de Estados Unidos no se reúne privadamente con la Corte Suprema, y menos lo haría para influir sobre alguna decisión. Para eso están los procedimientos judiciales. ¿Acaso qué tenía que decirle el Gobierno a las cortes que no pudiera plantear en los procesos judiciales o que no tengamos derecho a conocer el resto de colombianos? Por eso el Gobierno no debió buscar esas reuniones y las cortes no debieron aceptarlas nunca, pues comprometieron su independencia.

Segundo, porque eso muestra el fracaso de la estrategia comunicativa oficial sobre la vacunación. ¿De qué sirve que el presidente hable todos los días en televisión sobre la pandemia o que haya documentos que expliquen y justifiquen el plan de vacunación, si el Gobierno debe hacer reuniones privadas para explicarles ese plan a las cortes y a los organismos de control?

Finalmente, porque las personas tienen un derecho fundamental a acceder, sin discriminación, a la vacuna, así que la tutela es procedente si ese derecho es violado.

Es obvio que los jueces deben tener una gran deferencia hacia los criterios técnicos de las autoridades sanitarias y hacia los acuerdos alcanzados por los poderes políticos en la priorización de vacunas. Sin embargo, supongamos que el plan estableciera que los indígenas o los migrantes fueran los últimos en ser vacunados. ¿No tendrían derecho esas personas a recurrir a la tutela para que se elimine ese criterio discriminatorio en la priorización? ¡Claro que sí! O supongamos que una persona está incluida en la primera etapa por ser mayor de 80 años, pero su EPS le niega la vacuna. ¿No tendría derecho a tutelar, precisamente, para que se cumpla el plan y se garantice su derecho a la vacuna? ¡Claro que también!

En vez de recurrir a esos procedimientos dudosos de lobby ante las cortes, el Gobierno tiene una verdadera vacuna contra la tutelitis, que varios hemos sugerido hace semanas: buscar consensos políticos, abandonar el secretismo y tener la máxima claridad y transparencia en su política de priorización, que debe estar fundamentada en consideraciones de salud pública y evitar los criterios discriminatorios. Y entonces los jueces no solo respetarán el plan, sino que contribuirán decisivamente a su implementación, para beneficio de todos.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.