Notas al vuelo

Varados en el exterior

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No cesa el drama de colombianos en el exterior atrapados por el cierre de fronteras impuesto por los gobiernos para reducir el avance de la pandemia del COVID-19. Los llamados de auxilio se siguen escuchando desde distintos lugares del mundo, donde connacionales buscan la ayuda del Gobierno Nacional para que se les facilite el retorno por medio de los denominados vuelos humanitarios.

Desde el 24 de marzo, cuando el país cerró la llegada de viajeros y otras naciones extendieron cuarentenas o restricciones de viajes, por estos lados se puso en marcha una repatriación gradual que, aunque ha respondido a buena parte de la demanda, todavía deja por fuera a miles de personas que en el extranjero siguen viviendo sus propias tragedias. Estudiantes en cese de actividades académicas y residentes que perdieron sus puestos de trabajo se suman a turistas represados que deambulan por calles y aeropuertos del mundo en busca de apoyo.

Se estima que a la fecha está pendiente el regreso de por lo menos 7.000 colombianos, la mitad de los 14.000 que hasta ahora se han registrado para salir, desde cuando a mediados de marzo empezaron a ajustarse las medidas oficiales para controlar la pandemia. Su número, incluso, podría llegar a aumentar en la medida en que se agrava la crisis económica global y se cierran más plazas de empleo.

Uno de los casos más inquietantes se vive por estos días en el aeropuerto Guarulhos, en São Paulo, cuyas instalaciones han sido tomadas por colombianos, adultos, niños y ancianos, que reclaman por la pronta embarcación en un vuelo humanitario. El éxodo arrancó hace un par de semanas, con un grupo inicial de 21 personas, que se fue multiplicando con el paso del tiempo y ya suma dos centenares hacinados en la terminal. Todos enfrentan una situación crítica ante la falta de recursos que les impide pagar tiquetes aéreos, cuyo precio hoy vuela por las nubes.

La solidaridad asumida por las autoridades de ese país ha dado paso a un atípico escenario en el moderno aeropuerto paulista. Regados por el piso se encuentran colchones inflables y camas improvisadas, y a la intemperie, cocinas artesanales. Hasta allí, con el fin de evitar el contagio de la enfermedad que se ha apoderado de Brasil, se han desplazado connacionales provenientes de poblaciones afectadas por el virus. Sin embargo, São Paulo no solo es el punto de embarque sino uno de los nuevos epicentros de la pandemia en la región.

En términos generales la situación de una mayoría de nacionales que permanecen en el exterior es preocupante y requiere de una solución oficial rápida. Sufren el cierre de alternativas laborales, carecen de dinero para comida o pago de residencia, afrontan problemas de salud y para algunos las visas están por expirar. Las circunstancias que se afrontan se hacen insostenibles y dejan consecuencias que se arrastran hasta sus propios núcleos familiares en Colombia. En São Paulo un joven entrenador deportivo falleció hace varios días y ha sido imposible la repatriación de su cadáver.

Los esfuerzos adelantados por el Gobierno han permitido el retorno de 7.000 colombianos, pero, aun así, los trámites para dar una solución total al drama que viven los varados en el exterior carecen de la agilidad y la eficacia que exigen las condiciones del momento. No son pocos los casos de connacionales que reportan dificultades en el suministro de información relativa al proceso de repatriación y que advierten sobre falta de apoyo de los consulados. Las dificultades y angustias son mayores por la lentitud en las respuestas y el inusual comportamiento de algunos funcionarios con rango diplomático.

Varios son los colombianos que han debido recurrir a la figura de la tutela para amparar sus derechos fundamentales ante las dificultades burocráticas para ser repatriados. En días pasados, Noticias Uno denunció la actuación del cónsul en funciones en la isla española de Gran Canaria, Francisco Vélez —padre del actual representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, Juan David Vélez—, quien, en curiosa y arrogante interpretación del servicio público, respondió a un ciudadano que los cónsules abren las puertas para atender, “pero no para esclavizarnos”.

La Cancillería dispuso de un millonario desembolso para que embajadas y consulados ejecuten el plan de asistencia, pero no han faltado las críticas sobre el manejo objetivo y eficiente que se viene haciendo de tales dineros públicos. Los millares de colombianos que imploran su regreso desde el exterior se encuentran en situación de suma complejidad y las garantías para acceder al apoyo en materia de salud o subsidios de alimentación son necesarias.

El Gobierno solo autoriza un máximo de tres vuelos humanitarios por semana, pero se podría pensar en flexibilizar su número, sin perjuicio de mantener el control de la cadena de custodia y garantizar el seguimiento sanitario a quienes llegan. La repatriación a gran escala, impuesta ante la imprevista aparición de la pandemia, requiere de una reacción rápida y eficaz, que responda al derecho inalienable que tienen todos los ciudadanos de recibir una debida protección dentro y fuera de las fronteras.

El Estado se encuentra obligado —con brazos abiertos y tapabocas puesto— a darles amparo a quienes están varados en el exterior, para sortear la pandemia en el seno de sus hogares.

gsilvarivas@gmail.com

@Gsilvar5

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