Por: Mauricio García Villegas

Veinte años de la Constitución

EL PRÓXIMO LUNES SE CELEBRAN los 20 años de la Constitución de 1991.

Es pues hora de hacer el balance de sus logros y de sus yerros. Pero esto es demasiada tarea para una columna. Sólo quiero escribir de algo que, a mi juicio, es uno de sus aportes fundamentales. Me refiero a su capacidad para canalizar aspiraciones populares frustradas en el sistema político; aspiraciones que ni los partidos, ni los movimientos sociales, ni siquiera los gobiernos, han sido capaces de canalizar. Me explico.

Este es un país derechizado. Eso significa, palabras más palabras menos, que aquí se toleran con mucha facilidad las injusticias sociales. Por eso hay tanta desigualdad (la mayor del continente), y por eso la desigualdad nos parece un mal natural; tan natural como las inundaciones o la erupción de los volcanes. Hay razones históricas que explican esta derechización: el predominio de la hacienda, el carácter parroquial de nuestras élites, la intransigencia de las jerarquías católicas, el fundamentalismo de los partidos y muchas otras cosas más. El hecho es que en Colombia, a diferencia de lo ocurrido en la mayoría de nuestros países vecinos, nunca han prosperado los regímenes populistas, ni las reformas agrarias, ni los grandes movimientos populares, ni siquiera, a decir verdad, las ideas liberales.

Peor aún, durante las últimas cuatro décadas, el poder de la  derecha se ha visto reforzado por la existencia de las guerrillas, las cuales legitimaron la godarria de buena parte de las élites y permitieron que éstas no sólo se liberaran de su obligación de hacer reformas sociales, sino que justificaran el uso combinado (legal e ilegal) de los medios de lucha contra la subversión.  

La tarea de la derecha fue facilitada por una izquierda atrapada en sus viejas disputas seudo-religiosas, incapaz de articular un discurso alternativo sobre los derechos individuales (en particular sobre la seguridad y la propiedad) y, sobre todo, incrustada en una visión idealista y maximalista de la política; la misma visión que le impide reconocer que no basta con compartir algunos ideales de justicia social con la subversión, ni tampoco basta con que la derecha sea lo que es en Colombia, para tener una mirada indulgente con la guerrilla.

Como si todos estos males fueran pocos, ahora una buena parte de la izquierda carga con el estigma de ser tan corrupta como la derecha.

Sin movimientos sociales fuertes y sin una izquierda unida y con vocación de poder, el sistema político ha sido incapaz de tramitar las aspiraciones de justicia, dignidad y tolerancia que necesita la sociedad colombiana. Así las cosas, en esta orfandad de solidaridad colectiva, semejante tarea le ha correspondido a los jueces constitucionales (sobre todo a la Corte) con todas las limitaciones y distorsiones que una tarea semejante conlleva cuando se pone en cabeza del poder judicial.

Pero la Constitución no sólo ha encauzado parte de las aspiraciones de justicia y dignidad humana que el sistema político le ha negado al país, sino que ha deslegitimado la lucha armada y fortalecido el Estado de derecho contra las amenazas del caudillismo (¿qué sería hoy de la corrupción y de la concentración del poder en Colombia si la Corte hubiese aprobado la segunda reelección de Uribe?).

Pero las Constituciones no hacen milagros. Son necesarias e importantes, pero insuficientes para garantizar cambios sociales profundos y perdurables. Para que ello ocurra, también se necesita que exista un sistema político moderno, transparente y que represente los intereses de las mayorías. Ahí está el gran reto que el país tiene en los próximos veinte años.

 

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