Venezuela: muerte súbita

Lo que sucede en ese país recuerda lo que pasó durante las movilizaciones de la primavera árabe, así como otras revoluciones en el mundo.

Más allá de sus múltiples diferencias, el desenlace de la crisis en Venezuela ha seguido un guión familiar que recuerda las movilizaciones de la primavera árabe, así como de las revoluciones de colores en la exUnión Soviética, especialmente Georgia (rosa), Ucrania (naranja) y Kirguistán (tulipán).

A saber, ante las irregularidades electorales y el abuso del poder, ha aumentado la protesta masiva, frente a la cual el gobierno de Nicolás Maduro ha aumentado la represión, bloqueado la comunicación con miras a controlar la narrativa sobre los hechos —mediante el hostigamiento a los medios nacionales, la negación de acceso a los internacionales y la interrupción de las redes sociales— y acelerado la ruptura del orden democrático.

Desde diciembre de 2015, cuando los partidos que integran la Mesa de Unidad Democrática (MUD) obtuvieron el control de la Asamblea Nacional, el socavamiento de éste comenzó a ser más palpable y agresivo. Entre las jugadas adoptadas por Maduro para neutralizar la oposición se destaca la construcción de un “escudo” judicial a través del Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral —cuyos integrantes, algunos nombrados irregularmente, son progobierno— para invalidar todo intento de control legislativo y acción popular. Éste se ha desplegado para anular las elecciones parlamentarias en Amazonas con miras a impedir una supermayoría de dos tercios de la MUD, bloquear el proceso del referendo revocatorio, suspender la votación para gobernadores, declarar un estado de excepción que permite legislar por decreto y cerrar la Asamblea Nacional, medida que aunque fue revertida por la fiscal, no ha permitido restablecer el poder de éste para ejercer algún contrapeso.

Todo lo anterior ha tenido el efecto de extender la movilización ciudadana, agudizar la polarización política y social de Venezuela y aumentar la violencia, situación que se ha visto agravada por la crisis humanitaria y el crecimiento del saqueo como respuesta a la escasez de alimentos y medicamentos. Mientras tanto, ante la imposibilidad de restaurar la gobernabilidad, Maduro ha tenido que acudir más a las Fuerzas Armadas para reprimir las manifestaciones y contener los actos de saqueo, con lo cual la popularidad y la legitimidad de estas también se han puesto en entredicho.

Las respuestas más recientes de Maduro ante esta espiral de caos incluyen el anuncio del retiro de Venezuela de la OEA y la invocación del artículo 347 de la Constitución de 1999 —que por más “bolivariana” es también democrática— para simular una Asamblea Nacional Constituyente originaria que a todas luces viola a ésta mediante la elección de 500 asambleístas leales al chavismo, sin la participación de los partidos políticos ni el voto universal y secreto. Como en el deporte, en donde la muerte súbita se usa como último recurso de desempate entre dos contendores que se encuentran igualados, se trata de una estrategia de “todo o nada” que busca paralizar el calendario electoral que debería establecerse en el futuro próximo (presidenciales, regionales y locales), unificar al chavismo en torno a un objetivo común, garantizar la permanencia de Maduro en el poder, preservar las prerrogativas de los militares y desarmar políticamente a la oposición.

Además de reconfirmar el carácter dictatorial del régimen venezolano, esta jugada minimiza la posibilidad de una transición pacífica, mediada por la comunidad internacional, en la que se convoquen elecciones (ganadas seguramente por los partidos opositores) y se restablezcan el Estado de derecho y la división de poderes. En su lugar, los escenarios más plausibles, ninguno de ellos deseable, incluyen: (1) una agudización de la crisis mediante la continuada movilización en las calles, el aumento de la represión y la violencia, y la radicalización de algunos sectores de la oposición; (2) ante la ingobernabilidad del país y el carácter contraproducente de la represión, sobre todo para las Fuerzas Armadas, una salida “custodiada” de Maduro que, como en el caso de Egipto, permita impulsar un proceso electoral controlado que garantice la no judicialización de los militares y otros actores claves del chavismo; y (3) un golpe de Estado en el que Maduro es removido del poder y los militares lo reemplazan con miras a preservar el orden interno y blindar sus intereses económicos (que abarcan sectores de alimentos, petróleo y minería, y en algunos casos, drogas ilícitas).

Profesora U. del Rosario