Por: Ernesto Yamhure

Venganza

EL TRANSCURSO DE LOS DÍAS HA permitido que la verdad esté saliendo a flote.

Me refiero al caso del coronel Alfonso Plazas, cuyo principal acusador, René Guarín, resultó ser un miembro más de la organización criminal que incendió al Palacio de Justicia.

“El derecho a alzarse en armas en Colombia lo tenemos los ciudadanos cuando vemos que las vías se agotan”, dice Guarín a manera de justificación. Asegura que tomó la decisión de enrolarse en la guerrilla, cuando “el Estado no devolvió el cadáver de mi hermana”, en referencia a Cristina Guarín, la jurista-cajera de la cafetería del Palacio de Justicia y que figura entre las 11 personas que supuestamente fueron desaparecidas.

Guarín, iracundo y desbordado activista que durante estos años del proceso contra el coronel Plazas ha cobrado un gran protagonismo, obvió contarle al país y a la justicia que él, además de ser hermano Cristina, era un obsecuente secuestrador del M-19.

Don René se defiende alegando que aquello no tiene nada que ver con el caso fundamental: la desaparición de su hermana. Sí, tiene razón. Su hermana, hasta ahora, continúa sin aparecer. Pero las últimas revelaciones comienzan a desenredar el ovillo de mentiras y manipulaciones que hay entorno al caso de Plazas Vega.

Lo primero que habría que demandar de los desmovilizados del M-19, esos mismos que encubrieron a René Guarín, es un mínimo grado de sinceridad. Ya que no han querido ofrecer disculpas ni reparar a las víctimas del Palacio de Justicia, por lo menos que se dignen a contarnos si Cristina Guarín y otros empleados de la cafetería eran miembros del grupo terrorista.

Hasta ahora, hemos visto un desbordado interés revanchista hacia el coronel Plazas. Hay un hecho que vale la pena recordar. Hace un par de años, Gustavo Petro dijo que él fue torturado en la Escuela de Caballería entre los días 4 y 8 de octubre de 1985, en presencia de Plazas Vega.

Pongamos en contexto. La Constitución de 1886, en virtud del estado de sitio, autorizaba a los militares para investigar, interrogar y juzgar civiles. El artículo 26 de la Carta permitía que una persona estuviera hasta 10 días detenida, mientras se le resolvía su situación jurídica.

 Resulta que el 4 de octubre de 1985 en un reten del ejército en la ciudad de Zipaquirá, fue detenido Gustavo Petro por porte ilegal de armas. Paradójicamente, el oficial que lo arrestó era el entonces capitán Carlos Arturo Suárez, el hoy odiado general a quien sus propios hombres le pusieron el apodo de “La Machaca”.

Petro fue conducido al Área de Coordinación Reservada ubicada en la Escuela de Caballería, donde fue interrogado. Según él, también fue torturado en presencia de Plazas Vega. Pudo demostrarse que ello era imposible porque por esos días el coronel se encontraba de vacaciones en España.

 Vemos entonces una insaciable sed de venganza en los ex miembros del M-19. Pareciera que siguen dolidos por las muendas que nuestro ejército les propinó.

Pero volvamos al caso de Cristina Guarín. Los cuerpos N.N. del Palacio de Justicia fueron inhumados en una fosa común del cementerio del sur de Bogotá. Allí estuvieron hasta el 16 de abril de 1998, día en el que fueron desenterrados y entregados al doctor José Vicente Rodríguez Cuenca, director de Antropología de la Universidad Nacional. Los restos de 71 personas fueron remitidos al campus universitario. Unos fueron identificados y entregados a su familiares, pero no se sabe a ciencia cierta qué sucedió con los demás. Revisando bien el inventario de cadáveres, practicando pruebas de ADN a cada uno de ellos, seguramente se descubrirá que allí están los 11 supuestos desaparecidos que el M-19 —a través de su comando secuestrador René Guarín— le imputa al coronel Plazas.

 

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