Por: Salomón Kalmanovitz

La venta de Isagén

El Gobierno aspira a vender su participación en la mayor generadora de energía del país en $4.5 billones. Aduce que se trata de un activo enterrado en un sector en el que el capital privado tiene fuerte presencia y está dispuesto a invertir en la capacidad adicional que el país demande.

Al mismo tiempo, se presentan muy sentidas carencias en la infraestructura vial del país, a donde se dirigiría el total de la venta.

Lo primero que salta a la vista es la penuria financiera del gobierno nacional, empeñado en no aumentar el recaudo tributario que requiere el país. En su campaña electoral Santos grabó eso en mármol, y mal que bien lo ha cumplido. Se limitan obviamente las inversiones en infraestructura, como también las requeridas por el posconflicto: reparación de víctimas, restitución de tierras y apoyo a la economía campesina. No sólo eso, sino que el gobierno sigue en déficit. Lo más grave de todo es que no construye la capacidad estatal que demanda la sociedad civil colombiana. Si no se han acopiado suficientes recursos fiscales, el atajo es vender un activo rentable que lo será más en el futuro.

Isagén cuenta con 6 centrales entre hidroeléctricas y térmicas —siendo San Carlos, La Miel y Termocentro las más grandes— y en 2014 entrará en funcionamiento Hidrosogamoso que adicionará 10% a la capacidad eléctrica del país. El año pasado Isagén vendió un 14% de su energía a Venezuela, asolada por la mala administración de su red y los frecuentes apagones que se presentan, lo cual resalta los inconvenientes del monopolio público en la generación de energía.

La rentabilidad promedio del patrimonio de Isagén durante los últimos 3 años fue de 13%. En 2012 obtuvo utilidades netas por $461.000 millones, de las cuales distribuyó entre sus accionistas sólo $173.500 millones, por las inversiones que está adelantando, correspondiéndole al Gobierno $103.000 millones. Sin embargo, una vez culminada la nueva hidroeléctrica, aumentarán sus ingresos y con ello la rentabilidad efectiva del conjunto. Por eso, el precio mínimo puesto por el Gobierno es de $2.850 por acción, cuando en bolsa ha estado en $2.500.

Los dueños actuales son: el Gobierno con 57.7 % del capital, las Empresas Públicas de Medellín (EPM) con 13%, además de los fondos de pensiones Porvenir (4.2%) y Protección (3%). Las EPM no pueden aumentar su participación porque la regulación impide que cualquier proveedor pueda superar la cuarta parte de la oferta de energía en el país. Se ha manifestado interesado el grupo cementero Argos, del Sindicato Antioqueño, y algunos grupos extranjeros. En caso de que les sea adjudicado a estos, traerían más de US$2.000 millones que pueden revaluar la tasa de cambio.

La regulación ha sido eficiente para inducir a los operadores a aumentar sus inversiones, impidiendo que se repitiera un racionamiento como el de 1991, mediante una tasa interna de retorno del 15%. Esta es demasiado alta para un sector que ha madurado y requiere cada vez menos inversiones nuevas, según Guillermo Perry; sin embargo, induce a que las tarifas eléctricas sean costosas y le resten competitividad a la industria nacional.

En conclusión: se justifica que el Gobierno cambie unos activos por otros más rentables socialmente, pero es también reflejo de su debilidad. Un tema pendiente es el de la regulación, que debe ser más rigurosa y proveer energía con tarifas justas.

 

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