Por: Francisco Gutiérrez Sanín

A ver el cuartillo…

EN EL DEBATE SOBRE EL IMPUESTO de guerra, me parece que el Gobierno tiene razón en dos asuntos. El primero es que hay que pagar para mantener una inversión sostenible en seguridad.

Un Estado acosado por el narcotráfico y que enfrenta un desafío armado no despreciable no puede actuar como si estos factores no existieran. El segundo es que aumentar un poco la base tributaria —cobrándola no desde un piso de 3 mil millones de pesos de patrimonio, sino desde uno de 2 mil millones— es factible y justo. Una persona que tenga bienes por 2 mil millones de pesos quizás no se pueda considerar un rico-rico (eso es menos que el proverbial primer millón de dólares), pero sí puede aportar, y debería hacerlo, máxime teniendo en cuenta que en ese nivel de ingresos rara vez se manda a los hijos a prestar el servicio militar.

Junto con estos aciertos, hay un montón de equivocaciones cruciales. El ministro citó a una reunión a puerta cerrada con los gremios del sector privado para discutir sobre estos asuntos, que después describió como “muy participativa”. También habló con Luis Carlos Sarmiento, quien no quiere que lo dejen solo en el pago del impuesto. Pero no se buscó, que yo sepa, a nadie más. Ni a la opinión, ni a los sindicatos; tampoco a los partidos políticos, lo cual ya es tan extravagante como el fusilamiento gratuito del último de los Pepes (el único que parecía chévere). Esta aplicación de la democracia participativa también según el patrimonio —digamos: si tienes más de 3 mil millones te aplican la Constitución del 91; si tienes menos, la del 86— en un tema como los impuestos es una distorsión gravísima que expresa, pero profundiza, una de las tendencias de larga duración más negativas en nuestra vida pública. ¿Dónde quedó el principio de que no hay impuestos sin representación? En Colombia parece que no existe. Y piensen lo siguiente: ¿Si en estos asuntos los partidos no cuentan, a cuento de qué aspiramos a que sean fuertes? Si estuvieran involucrados en esta clase de debates, tendrían que formar equipos de técnicos, consultar a sus afiliados, etc.  Pero no: ahora ni son actores del debate, ni dicen nada. Esto es muy sorprendente. Después, a los de la coalición gubernamental los aceitan a punta de desayunos, y se pasa a otro tema.

Adicionalmente, como lo dijo Armando Montenegro en una interesante columna, tampoco se puso sobre el tapete el problema clave de la propiedad rural, que tiene unos niveles de concentración de fábula.  Los intereses agrarios del país han apoyado con entusiasmo las políticas de seguridad —en realidad, todas las acciones antisubversivas, en no pocas ocasiones también las ilegales—, pero cuando, como en Simón el Bobito, les dicen “a ver el cuartillo con el que has de pagar”, no aparecen. También se desaprovechó la oportunidad de poner un poco de orden en un sistema tributario que se ha vuelto increíblemente barroco y complejo, tanto que los especialistas tienen dificultades para entenderlo. Es verdad que hay mejoras marginales: verbigracia, algunas de las exenciones creadas por el Gobierno podrían desaparecer. Pero eso es tan poquito que no merece el nombre de mejora. Es… ¿cómo llamarlo? Un neologismo adecuado podría ser des-empeorar.

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