Por: Daniel García-Peña

Verdaderos negativos

El conflicto armado colombiano es el más largo y cruento de la historia de América Latina y uno de los más largos y cruentos del mundo.

Los niveles de barbarie son altísimos y comprometen a todos los actores: secuestros por parte de las guerrillas, masacres por parte de los paramilitares, desapariciones forzadas por parte de los militares. Y las víctimas han sido mayoritariamente civiles. El número de hombres armados muertos en combate directo es mínimo en comparación con las cifras oficiales de nuestra tragedia humanitaria nacional: a la fecha, según el Registro Único, hay 8’074.272 víctimas del conflicto armado.

Todas las partes cometieron atrocidades y graves violaciones, y no es posible medir los grados de crueldad y sevicia de las diferentes modalidades de muerte y horror utilizadas a lo largo de los años. Pero, para mí, no cabe duda: lo peor y lo más execrable son los mal llamados “falsos positivos”, que no fueron “falsos”, sino asesinatos muy reales de personas verdaderas, y mucho menos “positivos”.

Primero, porque estas ejecuciones extrajudiciales, como sí se llaman en el derecho internacional humanitario, fueron cometidas por agentes del Estado. Si a uno lo atraca un ladrón, es grave; pero si el atracador es un policía o un soldado uniformado y armado, es mucho más grave. Es absolutamente inaceptable que el perpetrador sea quien ha sido investido con la tarea de velar por la seguridad y defensa de los ciudadanos que le pagan su sueldo para hacer cumplir la Constitución y la ley, pero también para cumplirlas.

El asunto no es exclusivamente individual sino sobre todo institucional. ¿Qué tipo de formación ética y moral se está impartiendo en las escuelas del Ejército Nacional para que unos muchachos colombianos de origen humilde capturen, maten y disfracen de guerrilleros a otros compatriotas también de origen humilde, y además encubran los hechos —como cualquier Uribe Noguera escondiendo el cadáver de Yuliana Samboní— para ganarse unos días de vacaciones? ¿Qué valor tienen de la vida de esos seres humanos que han jurado proteger? Obraron seguramente con la absoluta confianza de que nunca les pasaría nada, de gozar de una total impunidad. Y además creyendo que las víctimas no le harían falta a nadie, que nadie iba a protestar. ¿Pensaban que ninguno tenía una madre que lo reclamaría?

Las instituciones militares, en el mundo entero, se caracterizan por ser jerárquicas y disciplinadas. Ejercen un control absoluto sobre sus integrantes, vigilando sus vidas 24 horas al día. Si el soldadito se queda dormido 10 minutos de más, hay alguien a cargo para hacerle realizar las 20 flexiones de castigo. Todo militar tiene un mando superior. En ese ambiente y estructura, ¿cómo se explican tantos “casos aislados”? Las cifras de la Fiscalía, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU oscilan entre los 3.000 y 5.000 casos. ¿Cuántos “casos aislados” se requieren para poder calificarlo como práctica sistemática?

Les cabe la mayor responsabilidad a quienes diseñaron las directrices. Todo gerente de empresa, rector de universidad, director de hospital, madre superiora de un convento, tiene la obligación de prever y medir los posibles efectos directos y colaterales de las instrucciones que imparte, sobre todo cuando ellas afectan la vida de otros, y asumir las consecuencias si las cosas salen mal.

Después de todo lo que ha pasado y con todo lo que hoy sabemos sobre lo que ha pasado, es inaudito que se hubieran producido las directivas denunciadas por The New York Times, en hora buena retiradas, y aún más inaudito, el ascenso del general Nicacio Martínez. Pero es también muy significativo y positivo que todo esto haya desatado un debate público, nacional e internacional, porque lo más peligroso y criminal sería que estas horribles prácticas volvieran a suceder, pero en silencio.

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* Profesor de la Universidad Nacional de Colombia y director de Planeta Paz.

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