Por: Rodolfo Arango

Víctimas y leyes: una muerte anunciada

RECIENTEMENTE UNA PAREJA Y SUS tres hijos pequeños, víctimas del conflicto armado, comentaban su situación en Soacha, lugar donde residen luego de haber sido expulsados violentamente de sus tierras. Sus días transcurren entre el rebusque, la briega con las autoridades y el cuidado de los niños.

Su supervivencia depende de la posibilidad de obtener “prórrogas”. Así denominan a la ayuda humanitaria del Estado dispuesta legalmente para tres meses, prorrogables por otros tres más. Por fortuna la Corte Constitucional declaró inconstitucional limitar esta ayuda en el tiempo y ordenó brindarla hasta tanto se estabilice económicamente a la familia desplazada. Pero las autoridades públicas se las ingeniaron para no entregar los dineros. Su temor: que quiebren al Estado. A punta de tutelas, los afectados intentan mover a los agentes públicos para que cumplan con la Constitución. Sin embargo, éstas recurren a la vieja treta: se obedece pero no se cumple. Se inventaron el procedimiento de dar un número consecutivo a las víctimas para recibir su prórroga. No se les niega su derecho. Simplemente se les condiciona. Antes de recibir el dinerito deben esperar su turno. Todo en aras de la sostenibilidad fiscal.

Este simple ejemplo anticipa la muy probable suerte de la ley de víctimas. Bien intencionado, el proyecto de ley crea un laberinto de procedimientos para reparar a las personas en situación de desplazamiento y restituirles sus tierras. El texto aprobado es pletórico en principios, procedimientos y nuevas instituciones. Pero poco adecuado para garantizar el goce efectivo de los derechos. Someter la restitución de sus tierras a largos y complejos procesos administrativos y judiciales no deja de ser una ironía, más cuando todos los días caen asesinados quienes se atreven a reivindicar sus derechos, en especial mujeres.

Mientras millones de personas en situación de desplazamiento intentan ser reconocidos y restituidos en sus derechos por el Estado, los legisladores dictan leyes condenadas a la ineficacia por errores de concepción, ausencia de institucionalidad y exceso de reglamentación. Más parece una ley para impedir que los campesinos retornen a sus minifundios, debiéndose resignar con indemnizaciones dinerarias. El efecto: miseria y mano de obra barata radicada en los cinturones de pobreza de las grandes ciudades. Dos factores refuerzan la intuición de ineficacia legal: mientras no existan instituciones fuertes en las regiones alejadas de los centros urbanos, no será posible brindar seguridad a los retornantes. Además, la agricultura que tiene en mente el Gobierno es de latifundio extensivo, la cual no se concilia con la perspectiva de reconstruir la cultura local ni con la recuperación de la soberanía alimentaria del campesinado y de las comunidades indígenas y afrodescendientes.

Es justo reconocer que la comentada ley avanza en un aspecto fundamental. La recuperación de la memoria histórica. Los lazos de pertenencia y solidaridad se reconstruyen y fortalecen por vía de la preservación de la experiencia y de los aprendizajes colectivos, por dolorosos que sean. Es la cultura, como morada de ser, la condición de posibilidad del futuro de una comunidad política. En ese terreno el legislador ha abierto la puerta para que víctimas, victimarios, investigadores y colectivos sociales, todos involucrados en la vorágine de la barbarie, continúen el arduo y largo proceso de examen de las condiciones que nos condujeron a la mayor tragedia humanitaria de nuestra historia republicana.

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