Por: Yesid Reyes Alvarado

Víctimas y objeciones a la JEP

Una de las objeciones que el Gobierno hace contra la Ley Estatutaria de la JEP está orientada a que se diga que la obligación principal de reparar a las víctimas es de las Farc. Desde el punto de vista formal, si el Congreso aceptara, haría algo absolutamente exótico: a través de una ley estaría modificando un artículo de la Constitución Política (el 18 de Acto Legislativo 01 de 2017) conforme al cual “el Estado garantizará el derecho a la reparación de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que hayan sufrido daños, individual o colectivamente con ocasión del conflicto armado”.

Aparte de ese, que ya es un error imperdonable desde el punto de vista jurídico, la modificación propuesta supone una notable desmejora a los derechos de las víctimas. Si la objeción prosperara, ellas sólo serían reparadas cuando se cumplieran las siguientes condiciones: la primera, que los responsables de los delitos sean individualizados y condenados por la JEP; esto significa que las víctimas deberían esperar a que la JEP terminara los procesos que está adelantando, que no serían indemnizadas por las conductas que sean objeto de amnistía, que no recibirían compensación sino por los hechos punibles que hayan sido seleccionados como los más graves y representativos del conflicto, y que únicamente serían reparadas por quienes hayan sido escogidos para responder como los máximos responsables de esos crímenes.

La segunda, que su indemnización dependerá de que los condenados dispongan de bienes suficientes para cumplir con esa obligación; esto parece poco probable, puesto que la guerrilla de las Farc se caracterizó por seguir una ideología contraria al concepto de propiedad privada; al interior de su estructura ninguno era individualmente el dueño de nada, pues todos los activos que se consiguieran a través de sus actividades ilícitas pertenecían a la organización. Es por eso que el compromiso que adquirieron con el Estado no fue el de que cada uno de sus miembros entregara un inventario de su patrimonio, sino que el grupo guerrillero, en su conjunto, suministrara un listado de sus propiedades para contribuir con ellas a la reparación de las víctimas del conflicto.

Precisamente para evitar todos los inconvenientes acabados de mencionar, tanto en el Acuerdo de La Habana como en el Acto Legislativo 01 de 2017 se dijo que la reparación de las víctimas estará a cargo del Estado, independientemente de que éste utilice para ello los bienes que fueron relacionados por la guerrilla y los que posteriormente a la entrega del inventario le sean encontrados. Eso les garantiza que su indemnización no dependerá de si la JEP puede individualizar y condenar a quienes les ocasionaron el daño, ni de si los crímenes que los afectaron fueron o no objeto de una amnistía, ni de si esos delitos fueron seleccionados como algunos de los más graves y representativos del conflicto, ni de si sus autores son o no catalogados como los máximos responsables de los mismos ni, finalmente, de si esos condenados tienen o no un patrimonio personal con el que puedan satisfacer sus deberes de reparación.

 

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