Victoria final de las Farc sobre el paramilitarismo, en la Constitución

De dos fenómenos igual de repugnantes en lo moral y lo político, a uno lo estamos erigiendo vencedor en nuestra historia.

El debate sobre la elevación a rango constitucional de la prohibición legal existente del paramilitarismo dejó todavía más claro que al Gobierno y a las mayorías del Congreso les importan cinco las consecuencias simbólicas, históricas, morales, políticas y jurídicas del malhadado acuerdo con las Farc.

Intelectuales y columnistas influyentes, por su parte, nos hicieron notar que en el posacuerdo la ‘reconciliación’ en el plano intelectual consistirá en que ellos defienden sin asomo de dudas las imposiciones de la mesa ‘constituyente’ de La Habana.

Cuenta la revista Semana que este artículo constitucional “fue objeto de interminables discusiones (…) y las Farc lo consideraban un asunto de honor. Después de mucho tire y afloje, ante la convicción de que el efecto era neutral, el texto del artículo quedó aprobado”.

Sin embargo, a ninguno de ellos (Uprimny, Gallón, Gutiérrez, Valencia, Caballero) le entró la duda de por qué las Farc querrían tanto un artículo de implicaciones supuestamente neutrales. Omitieron referirse a la exposición de motivos del acto legislativo y hay que ver cómo despacharon la carta del Consejo Gremial, CG, a la Cámara de Representantes.

¿Diálogo? ¿Discusiones verdaderas? El CG argumenta que el proyecto degrada la legitimidad del Estado y esta afirmación de la exposición de motivos es evidencia: “Las armas del Estado han servido (…) para imponer a sangre y fuego leyes, estrategias y políticas excluyentes, discriminatorias y perversas…”. Deben decirnos aquellos intelectuales si les parece aceptable este juicio histórico emitido por el cogobierno con las Farc en la CSIVI.

María Isabel Rueda, Jorge Humberto Botero, Alfonso Gómez Méndez, y en especial Pedro Medellín Torres con María Claudia Rojas Lasso, Jaime Arrubla y José Gregorio Hernández  han prestado el invaluable servicio de sostener el debate. “Negar el paramilitarismo es tan estúpido como aceptar que hubo un Estado criminal que masacró a sus opositores o impuso a sangre y fuego políticas excluyentes”, sintetiza bien la posición ecuánime.

Por mi parte, quisiera enfatizar un aspecto de la disputa por la narrativa histórica que predominará. El acuerdo con las Farc no solamente conduce a que se establezca que la guerra revolucionaria (y terrorista) se justificaba y era necesaria, sino que asegura una victoria moral, histórica y política sobre el paramilitarismo, que se esfuerzan en describir como representativo de los sectores y corrientes críticos de la negociación con las Farc.

Como el paramilitarismo con su componente político contrainsurgente ya no existe —y sus líderes fueron proscritos de la vida política—, el acuerdo de La Habana tiene el cuidado de referirse a las “organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo”. Son simplemente delincuentes organizados sin motivación ideológica-política, que matan por intereses económicos, con muchos de los cuales las Farc hacían negocios.

Salvo las Farc y sus vocales, nadie quiere llamarlos “sucesores del paramilitarismo”. El Estado desmovilizó a los paramilitares, puso a sus jefes en la cárcel y les propinó una derrota militar estratégica a las guerrillas. ¿Qué sentido tienen, entonces, los titulares actuales de “prohíben el paramilitarismo”? Para las Farc, la victoria final, simbólica, escrita en la Constitución con su letra. Con sus 1.200 hombres armados por el Estado en la UNP, sin pudor frente a sus víctimas.

Para la conciencia de la sociedad, un insulto. Nunca la Constitución y la ley permitieron los horrores del paramilitarismo para enfrentar la violencia guerrillera. El fenómeno que se dio fue ilegal. Que los que sembraron las motivaciones del paramilitarismo con su coerción y sevicia pretendan ahora que lo prohíben desde la Carta Magna es una cruel ironía que solo disfrutan ciertos espíritus cultivados y militantes.  

Una ironía que algunos congresistas culiprontos entenderán mejor cuando descubran que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que crea el acuerdo con las Farc tendrá entre sus funciones proponer “los mecanismos para la revisión de antecedentes de los servidores/as públicos  en todas las instituciones del Estado con el fin de verificar  cualquier  involucramiento que hayan tenido los anteriores con grupos y/o actividades de paramilitarismo o violaciones de Derechos Humanos” (3.4.3.i, Decreto-Ley 154 de 2017). ¿Para qué?

Obviamente, no verificarán antecedentes de involucramiento con actividades de guerrillas porque estas ganaron, dictan la nueva institucionalidad, y a quién se le ocurre que tuvieron relación con “violaciones de Derechos Humanos”, según los negociadores de paz. El privilegio de los vencedores.

Solo que esa victoria es falsa e ilegítima, precaria. La evolución cultural ha llevado a que en la conciencia de los colombianos no haya superioridad moral entre guerrillas y paramilitares. Ambos son fenómenos que nunca han debido ocurrir. El grueso de la sociedad no se identifica ni con uno ni con otro. Este es un gran activo moral y ético de nuestra sociedad. Regalarle una victoria a las Farc sobre el paramilitarismo en tan distintos planos, incluyendo la Constitución, es no interpretar a las mayorías, y no solamente a las del No en el plebiscito.

@DanielMeraV