Sombrero de mago

Violadores uniformados

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Hubo tiempos en que matar indios no era delito, como sucedió en 1968, en la masacre de Planas, en el Meta, contra aborígenes guahibos. Ni tampoco lo era hacer sangrientos safaris para cazar indígenas. Las persecuciones a los guahibos y otras etnias se hacían por “fuerzas combinadas” de civiles, en general terratenientes y colonos, y la soldadesca. Como la memoria es frágil, valga recordar fragmentos de aquel episodio de indignidad y sevicia contra comunidades indígenas, en una matanza que incluyó a mayores y menores, y en la que, además, hubo torturas y otras vejaciones.

Por ejemplo, al chico Luis Alberto Quintero, de 13 años, lo tomaron miembros del Ejército colombiano. “Me amarraron las manos, los pies, el pescuezo, me colgaron de un árbol, me torturaron los testículos con electricidad”. Mientras a unos los quemaron con hierros incandescentes, como se narró en periódicos de época, a otros los despacharon con tiros de carabina. No pasó nada. Los indígenas perdieron. Los que se quedaron con las tierras de ellos, con la complicidad oficial, ganaron. Y así es la historia, se dirá. Como en los días en que matar liberales no era pecado.

Este martirio de los guahibos lo recuerdo porque, con la reciente infamia cometida por soldados colombianos, los que violaron a una niña de 12 años, de la comunidad embera chamí en Santa Cecilia, Risaralda, hay una herencia de inmensos atropellos contra los indígenas, adultos y niños, mujeres y hombres. El hecho en el que participaron siete militares volvió a abrir heridas jamás restañadas contra los indígenas, que han sido desplazados, humillados, discriminados y, claro, asesinados.

Armando Valbuena, líder indígena, le dijo a BBC Mundo que lo de la niña violada no es una excepción. “Las menores de comunidades como los embera, wayuu o afrocolombianas en las zonas rurales del país no solo sufren vejaciones por parte de soldados, sino también por grupos armados irregulares y de los paramilitares, que siguen creciendo”. Además de tales atentados, muchos miembros de los pueblos ancestrales padecen el rudo desplazamiento y otras violencias, además de hambrunas.

El detestable atropello de los militares contra la niña, que no es un suceso aislado, ni una manifestación de lo que algunos oficiales han llamado “manzanas podridas”, puso otra vez en la picota pública al Ejército nacional, que ha acumulado faltas y conductas aviesas, como los bombardeos en Caquetá a disidencias de las Farc en los que murieron ocho menores y que desencadenó la renuncia del Mindefensa Guillermo Botero. Las denuncias de The New York Times acerca del retorno sistemático de cuotas en bajas de guerrilleros (que en otros cuatrienios disparó enormes desafueros como los denominados “falsos positivos”) y las hostilidades contra periodistas y opositores al gobierno, lo han dejado muy mal parado.

El gobernador de un resguardo embera katío, Juan de Dios Queragama, señaló que la atrocidad cometida por los soldados contra la niña también ha sido “una agresión para todo nuestro pueblo embera katío, y un acto que defrauda la confianza que hemos depositado en ellos como representantes del Estado”. El repudio ha sido general, excepto de uno que otro politiquero que más bien ha minimizado la espantosa afrenta contra la menor.

El descrédito de la institucionalidad y, en particular, del Ejército, sigue creciendo. En mayo pasado otro escándalo estalló cuando se supo de actos de corrupción de oficiales, involucrados en la venta de armas a disidencias guerrilleras y bandas de narcotraficantes. A su vez, la credibilidad cada vez se hunde más en el fango del desprestigio. La aberrante violación a la niña embera ha puesto a considerar, como lo declaró un comunicado de la Red Colombiana de Psicología Comunitaria, que no es solo una responsabilidad de los autores materiales del delito, sino que “el entrenamiento militar deshumanizante normaliza la brutalidad y el abuso de la fuerza pública”.

Han vuelto los cuestionamientos en torno a la representatividad de poder de un uniformado, a las simbolizaciones, al aprovechamiento autoritario y descarado de las indumentarias (no solo uniformes militares, también sotanas, por ejemplo) para cometer delitos y no para proteger “la vida, honra y bienes” del ciudadano. ¿En qué medida una investidura, una delegación de autoridad, se vuelve una suerte de fortaleza aprovechable para la comisión de un despropósito o de un crimen tan ignominioso como la violación de una niña?

Debería haber un terremoto de conciencias en las esferas oficiales. No puede ser que una cáfila de uniformados enarbole las banderas de la barbarie, cuando, se supone, está para defender la dignidad e integridad de la gente. La violencia sexual ya de por sí es una infamia, pero cuando la cometen sujetos revestidos de poder, y más contra una niña, se eleva la magnitud del desafuero y se acrecienta el grado de desconfianza en la institucionalidad. Ahora, como con los guahibo, que no se le ocurra decir a algún desalmado que violar una menor indígena no es delito.

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