Violencia, elecciones y derechos humanos

Pareciera que en Colombia cada día se relativiza más el respeto de los derechos humanos. En menos de un año han sido asesinados cerca de 200 líderes sociales y defensores de derechos humanos y más de 50 familiares, simpatizantes o desmovilizados de las Farc. Esto significa la violación al más fundamental de los derechos, la vida. Sin embargo, a pesar de las evidencias sobre las motivaciones de estos crímenes —algunas de ellas políticas, otras dirigidas a reclamantes de tierras, a quienes están promoviendo la erradicación de cultivos ilícitos o a personas que están impulsando los acuerdos de paz—, sólo en las últimas semanas el Gobierno ha reconocido la gravedad de los hechos.

También se han incrementado las agresiones físicas y las amenazas contra candidatos de varios partidos políticos, como el Centro Democrático y la FARC. En relación con estos últimos es comprensible que muchos ciudadanos, entre los que seguramente se encuentran víctimas de esta guerrilla, rechacen que quienes cometieron tantas atrocidades participen y lleguen al Congreso sin haber pagado por esos crímenes. No obstante, en democracia estas decisiones deberían tomarse en las urnas y no con más violencia. Pero no son pocos los que justifican estas actuaciones y las consideran “normales”, desconocen que el derecho a elegir y ser elegido está consagrado en nuestra Constitución. Y olvidan que hace algo más de cuatro décadas fueron exterminados cerca de 5.000 militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica y que otros miles de colombianos de diferentes corrientes políticas han corrido con la misma suerte. No se trata de reemplazar las balas por huevos, como indicó el candidato Ordóñez, sino balas por votos.

El informe presentado recientemente por la Misión de Observación Electoral sobre los riesgos electorales también revela potenciales restricciones a los derechos de los electores y de los elegidos. Desde acciones violentas contra candidatos o miembros de organizaciones políticas, pasando por la compraventa de votos, la trashumancia electoral, la manipulación de resultados electorales, la presencia de actores ilegales en diferentes regiones, hasta las noticias falsas y las acusaciones malintencionadas, entre otros, son factores que atentan contra un derecho político inherente a los sistemas democráticos.

Los medios de comunicación tampoco han sido ajenos a estos ataques y restricciones a su actividad. Por un lado, en la tarea de cubrir las campañas han sido agredidos física y verbalmente. Pero además, algunos organismos judiciales han intentado limitar su trabajo al exigirles divulgar las fuentes que les han entregado información relevante. Estos hechos son violatorios y atentan contra la libertad de prensa que, como lo indicó recientemente la Fundación para la Libertad de Prensa, enfrenta serias amenazas.

En política no todo vale y mucho menos atentar contra los derechos humanos y utilizar la violencia en nombre de una ideología o de unos votos.

*Miembro de La Paz Querida.