¿Por qué no podemos garantizar la seguridad de quienes hacen oposición política en Colombia? Este mes, a la larga y dolorosa lista de líderes sociales asesinados, se sumaron tres miembros del partido Colombia Humana y un excombatiente que hacía parte del partido FARC. No son casos aislados, por supuesto. El hecho de que se tratara de personas que le apostaban a la democracia y la crítica hace hincapié en la incapacidad estatal de proteger a todos los colombianos. Las respuestas de solidaridad y las promesas hechas desde el Estado son necesarias, pero no son suficientes. Una vez más nos encontramos en la necesidad de preguntar: ¿hasta cuándo?
El caso de Juan de Jesús Monroy Ayala, conocido como Albeiro Suárez, ganó notoriedad porque en el 2018 el propio presidente de la República, Iván Duque, había prometido proteger su vida. Sabíamos que después del Acuerdo de Paz, cuando se produjera el desarme, los excombatientes se convertirían en objetivo militar de grupos al margen de la ley. Sabíamos, por experiencias internacionales, que se vendría un recrudecimiento de la violencia. Sabíamos que teníamos que redoblar esfuerzos para responderles como es debido a quienes decidieron apostarle a la paz, a quienes creyeron las promesas del Estado colombiano. Y, sin embargo, Monroy fue asesinado en el Meta, junto a su escolta, Luis Alexánder Largo. Ya van 234 excombatientes asesinados. ¿Es imposible detener esta masacre?
Monroy, además, hacía parte activa del partido FARC. Su compromiso con la paz, la reconciliación y la participación política ejemplificaba todo lo que los colombianos esperábamos del acuerdo de La Habana. Si siguen aniquilando a los miembros de la oposición, estamos fallando en una promesa básica que Colombia les hizo a los firmantes.
Colombia Humana, movimiento del senador y excandidato presidencial Gustavo Petro, también denunció una persecución. Tres miembros de esa colectividad han sido asesinados en octubre. Campo Elías Galindo fue baleado en Antioquia; Eduardo Alarcón, en Huila; Gustavo Herrera, en Cauca. En palabras del senador Petro, hablando con Blu Radio, “los casos están inmersos en medio de un asesinato sistemático, tanto de líderes sociales como de personas que firmaron la paz”.
Al respecto, el procurador Fernando Carrillo prendió las alarmas: “Que hechos de sangre comiencen a afectar a dirigentes de la oposición son el peor preludio de una campaña electoral que se quiere anticipar con hechos violentos. Que la campaña electoral de 2022 inicie con hechos violentos, hechos de sangre tan lamentables como el que se ha dado en contra de dirigentes de la oposición en Colombia, es el peor de los presagios”.
Estamos, entonces, en alerta roja. El rechazo a estos actos debe provenir, sin titubeos y de forma contundente, desde todas las orillas políticas. Aquí no hay una disputa ideológica; se trata de proteger una idea esencial para una sociedad en paz: que la política y la oposición se pueden ejercer sin miedo a ser asesinados, aterrorizados y perseguidos. La historia de Colombia nos enseña que la falta de representatividad y garantías en los espacios electorales desencadena más violencia. Por eso, si queremos sentirnos orgullosos de nuestra democracia, si queremos un futuro donde las diferencias nunca pasen por las armas, si queremos que el Estado y sus instituciones primen en todo el territorio nacional, tenemos que parar este desangre. Es urgente.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
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¿Por qué no podemos garantizar la seguridad de quienes hacen oposición política en Colombia? Este mes, a la larga y dolorosa lista de líderes sociales asesinados, se sumaron tres miembros del partido Colombia Humana y un excombatiente que hacía parte del partido FARC. No son casos aislados, por supuesto. El hecho de que se tratara de personas que le apostaban a la democracia y la crítica hace hincapié en la incapacidad estatal de proteger a todos los colombianos. Las respuestas de solidaridad y las promesas hechas desde el Estado son necesarias, pero no son suficientes. Una vez más nos encontramos en la necesidad de preguntar: ¿hasta cuándo?
El caso de Juan de Jesús Monroy Ayala, conocido como Albeiro Suárez, ganó notoriedad porque en el 2018 el propio presidente de la República, Iván Duque, había prometido proteger su vida. Sabíamos que después del Acuerdo de Paz, cuando se produjera el desarme, los excombatientes se convertirían en objetivo militar de grupos al margen de la ley. Sabíamos, por experiencias internacionales, que se vendría un recrudecimiento de la violencia. Sabíamos que teníamos que redoblar esfuerzos para responderles como es debido a quienes decidieron apostarle a la paz, a quienes creyeron las promesas del Estado colombiano. Y, sin embargo, Monroy fue asesinado en el Meta, junto a su escolta, Luis Alexánder Largo. Ya van 234 excombatientes asesinados. ¿Es imposible detener esta masacre?
Monroy, además, hacía parte activa del partido FARC. Su compromiso con la paz, la reconciliación y la participación política ejemplificaba todo lo que los colombianos esperábamos del acuerdo de La Habana. Si siguen aniquilando a los miembros de la oposición, estamos fallando en una promesa básica que Colombia les hizo a los firmantes.
Colombia Humana, movimiento del senador y excandidato presidencial Gustavo Petro, también denunció una persecución. Tres miembros de esa colectividad han sido asesinados en octubre. Campo Elías Galindo fue baleado en Antioquia; Eduardo Alarcón, en Huila; Gustavo Herrera, en Cauca. En palabras del senador Petro, hablando con Blu Radio, “los casos están inmersos en medio de un asesinato sistemático, tanto de líderes sociales como de personas que firmaron la paz”.
Al respecto, el procurador Fernando Carrillo prendió las alarmas: “Que hechos de sangre comiencen a afectar a dirigentes de la oposición son el peor preludio de una campaña electoral que se quiere anticipar con hechos violentos. Que la campaña electoral de 2022 inicie con hechos violentos, hechos de sangre tan lamentables como el que se ha dado en contra de dirigentes de la oposición en Colombia, es el peor de los presagios”.
Estamos, entonces, en alerta roja. El rechazo a estos actos debe provenir, sin titubeos y de forma contundente, desde todas las orillas políticas. Aquí no hay una disputa ideológica; se trata de proteger una idea esencial para una sociedad en paz: que la política y la oposición se pueden ejercer sin miedo a ser asesinados, aterrorizados y perseguidos. La historia de Colombia nos enseña que la falta de representatividad y garantías en los espacios electorales desencadena más violencia. Por eso, si queremos sentirnos orgullosos de nuestra democracia, si queremos un futuro donde las diferencias nunca pasen por las armas, si queremos que el Estado y sus instituciones primen en todo el territorio nacional, tenemos que parar este desangre. Es urgente.
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