Por: Rodolfo Arango

Virtudes públicas, vicios privados

UNA SOCIEDAD MODERNA Y BIEN ordenada fomenta las virtudes públicas y tolera los vicios privados. La ley hace exigente el manejo de los asuntos públicos y relega a la esfera privada las decisiones e inclinaciones personales cuando no dañan a terceros.

La ley en sociedades liberales es sobria frente al perfeccionismo moral, pero rigurosa en la defensa de la integridad personal y de la igualdad en el acceso a los cargos públicos y a los beneficios sociales. La situación colombiana parece ser el anverso del anterior ideal: reinan los vicios públicos mientras las virtudes son relegadas a lo privado. ¿Cómo entender, si no, el desconcierto de ex funcionarios públicos —hoy “lobbistas”— y formadores de la opinión pública que no ven problema alguno en repartir puestos y contratos, porque “uno gobierna con los amigos y no con los enemigos” o porque “todos los gobiernos anteriores lo han hecho”?

La modernidad trae a las sociedades la racionalización del ejercicio del poder político. La función pública se ejerce por profesionales especializados que acceden por sus méritos a los cargos del Estado. Sólo la dirigencia electa conserva la posibilidad de nombrar y remover a personas de confianza. La cúpula política controla una mínima parte de los recursos de la comunidad y se dedica a orientar a la sociedad según sus ideas y programas. Este ideal de Estado moderno es la antítesis del “Estado Botín”, donde el que gana el favor popular se lleva todo para repartirlo entre quienes lo apoyaron.

 Los errores en el diseño institucional para hacer de nuestro Estado uno moderno y confiable comienzan a pagarse caro. El régimen de inhabilidades e incompatibilidades a los funcionarios públicos no basta cuando no exista una adecuada regulación de la función pública y de la contratación estatal que impida el ventajismo y el pago de favores. Cuando el diseño institucional es atrasado, propio de sociedades patriarcales o jerarquizadas, el discurso moral es insuficiente para asegurar las transformaciones necesarias. Pero cuando la ausencia de inconsciencia política e insensibilidad social son tan extendidas, no sobra recordar la importancia que tienen, además de las reformas institucionales, las virtudes públicas para la estabilidad política.

No es sino preguntar a los millones de colombianos desempleados o en la pobreza si consideran digno de una sociedad justa que el Gobierno reparta cargos y contratos entre quienes lo respaldan, porque “así se acostumbra”. Esta práctica, más que realista, es cínica. Una sociedad basada en el servilismo y en la sumisión la acepta, pero no una sociedad de seres libres e iguales, sensible al acceso en igualdad de oportunidades a cargos públicos y beneficios sociales. La igual consideración y respeto de todos en el diseño y en el funcionamiento de las instituciones públicas es un principio fundamental del Estado constitucional y democrático de derecho.

 El histórico fallo Yidis marca un punto de quiebre jurídico en la manera de hacer política en Colombia. El mensaje es claro: ¡modernización del Estado o cárcel! La lectura pausada y en perspectiva de la sentencia mostrará la inaplazable necesidad de acometer reformas institucionales estructurales, no meras reformas “a tirabuzón”, en cumplimiento de órdenes constitucionales como en el caso del servicio público del Notariado.

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 Postdata: El referendo para refrendar la reelección nació muerto. Lo cuestionado jurídicamente es la reforma constitucional que permitió al Presidente candidatizarse nuevamente, no su reelección. Toda futura reelección basada en el articulito, aprobado gracias a la antes celebrada y hoy vilipendiada Yidis, llevará la mácula de la corrupción.

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