Por: Arlene B. Tickner

¿Viva la monarquía?

El rey Juan Carlos de España abdicó al trono, dejando libre el camino para que su primogénito, Felipe, lo suceda en la jefatura de Estado.

Más allá de las explicaciones protocolarias planteadas en su corto discurso y su estado desmejorado de salud, el timing de la decisión parece obedecer a un cálculo asociado a la conservación de la monarquía como forma de gobierno.

Según cifras del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la valoración de la Corona hecha por los españoles ha sufrido un deterioro progresivo desde 1994, cayendo de 7,46 sobre 10 a 3,72 en 2014. Asimismo, la popularidad del soberano se encuentra en niveles históricamente bajos. El punto de inflexión a partir del que las percepciones del público se tornaron negativas corresponde a la cadena de escándalos como las actividades ilícitas realizadas por Iñaki Urdangarin, la imputación de cargos a la infanta Cristina, quien fue llamada a declarar ante la justicia (un hecho sin precedentes), y la suntuaria y escandalosa cacería de elefantes del rey en Botsuana, todos los cuales pusieron fin al blindaje mediático del que venían gozando.

Por sorpresa, en todas las encuestas la Corona sigue siendo la institución que más confianza inspira entre la población y el rey, y más aún, el príncipe de Asturias, están entre los personajes públicos mejor evaluados. Esta valoración comparativamente positiva tiene un fuerte anclaje en el papel del monarca en la transición a la democracia, por más que el 60% de los españoles haya nacido después de ella. Además de sancionar la Constitución de 1978, se le atribuye el haber impedido el golpe militar de 1981, así como la defensa neutral del Estado de derecho.

Pese a ello, decenas de miles de personas han salido a la calle a pedir un referendo para poner fin a la monarquía española. Entre los grupos que lideran esta propuesta se destacan Izquierda Unida y Podemos —este último asociado con el movimiento de los “indignados”—, que salieron fortalecidos de las elecciones al Parlamento Europeo como fuerzas políticas alternativas. Ambos ven en la abdicación de Juan Carlos la culminación del proceso de transición iniciada en 1978, la cual debe ser reemplazada ahora por un proceso constituyente con participación popular, ya que en la democracia del siglo XXI los derechos de sangre no tienen cabida. Por motivos asociados a la búsqueda de la autonomía, los nacionalistas catalanes y vascos también avalan este proyecto.

Paradójicamente, siguen siendo más los españoles que prefieren la monarquía constitucional que aquellos que abogan por una república presidencial o parlamentaria. Además de los bajos niveles de credibilidad de la clase política española, la eliminación de la monarquía puede ser vista como un trastorno innecesario del sistema político. Y como ocurre en otros contextos monárquicos, la familia real, más allá de los escándalos, sigue siendo símbolo de orgullo e unidad nacional.

La coyuntura sugiere que España entra en un nuevo y ambiguo período de cambio, signado por la crisis económica y social, el desgaste tanto de la Corona como de los partidos tradicionales, el vacío de liderazgo y la persistencia del movimiento independentista de Cataluña y el País Vasco. Queda por ver si la monarquía puede reinventarse o si se impone la república, que tampoco parece la panacea.

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