Por: Marcelo Caruso A.

"Vivir para la guerra es una enfermedad"*

Para los pueblos indígenas, el construir la idea de seguridad desde los seres humanos es natural a su esencia comunitaria, a diferencia de nuestra sociedad que se acostumbró a pensarla y construirla desde el Estado.

Por lo tanto, sus propuestas sobre temas de paz y protección de víctimas tienen una carga de sabiduría acumulada que debería ser atendida por quienes desde el Gobierno, el Congreso, la sociedad civil, y los propios actores de la guerra, tengan real interés en construir convivencia y paz.

Luego de grandes movilizaciones que no lograron sus objetivos, vienen resistiendo con responsabilidad frente al desconocimiento de su derecho propio, la creciente amenaza sobre sus territorios y el avance de la desigualdad y la pobreza rural. Se preparan a ampliar el poder de la comunidad sobre sus gobiernos municipales autónomos, ejemplos de democracia participativa directa. Y aún mantienen su empuje por las reivindicaciones sociales y étnicas, en particular al pueblo nasa, en su pronunciamiento frente al reciente Encuentro de comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, “Por la tierra y la paz en Colombia”, realizado en Barrancabermeja.

En términos duros pero maduros, solicitan la desmilitarización de sus territorios, garantizando la seguridad con su guardia indígena. Exigen de las Farc el cesar las acciones militares que atentan contra la vida de sus pueblos, la libertad inmediata de los secuestrados y el cese del reclutamiento de jóvenes indígenas. Exigen del Gobierno acabar con los paramilitares y la no instalación de bases militares en sus territorios, considerando que no se ha realizado la necesaria consulta previa que la legislación internacional y la Corte Constitucional les reconoce en el Auto 004/09, de protección a los pueblos indígenas víctimas del conflicto armado y del desplazamiento forzado. Y como aporte a la paz, ofrecen esos territorios al servicio de encuentros que permitan avances hacia diálogos de paz, ya que “la guerra debe terminar”, “porque la estamos perdiendo todos y todas”.

Al mismo tiempo y como parte de su lucha por restituir sus derechos, sus organizaciones nacionales, ONIC, OPIAC, AYCO y CIT, ya tienen listo el borrador del decreto ley que reglamentará la reparación de las víctimas y la restitución de tierras a los pueblos indígenas. Tarea en la cual están trabajando los pueblos afrodescendientes, pero requieren de un urgente apoyo nacional e internacional para terminar de formular unificadamente y desde sus organizaciones y autoridades propias, el decreto ley que les compete.

Paralelamente, desde cada cabildo indígena avanzan en la formulación de sus Planes de Salvaguarda y se preparan para el “Congreso de los 102 Pueblos Indígenas” de inicios de septiembre, donde esperan consolidar el Programa de Garantías con enfoque diferencial y capítulos diversos, que en aplicación del 004, permita prevenir y mitigar su extinción física y cultural. Todo este decir y hacer como víctimas que son de todos los actores armados, y como expresión de sabias voces ancestrales, debería constituirlos en el eje civil de la construcción de una iniciativa de paz diferente, basada en comunidades movilizadas comprometidas con los derechos humanos, y en su legitimidad y coherencia ganada en 519 años de resistencia a dominaciones y guerras de todo tipo.

*En comunicado del CRIC-ACIN.www.nasaacin.org/proponemos a Colombia una minga por la paz.

 

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