Vivos para cobrar y locos para pagar

No tengo la mejor impresión de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, ni del presidente de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez. Su participación en el frustrado regalo de $1,5 billones a los bancos de Luis Carlos Sarmiento, por cuenta de una oscura conciliación que pretendía llevarse a cabo días antes del laudo arbitral que definiría las controversias entre el Estado colombiano y el corrupto consorcio de la Ruta del Sol 2 (Sarmiento, Odebrecht y Solarte), los dejó muy mal parados.

Orozco y Gutiérrez —una vez María Jimena Duzán y otros lo denunciamos— pretendieron venderle al país algo inverosímil. Vociferaron que darle anticipadamente al corrupto consorcio $1,5 billones para pagar sus acreencias con los bancos sería el negocio del año para el Estado, cuando era evidente que al final era un inmerecido regalo para Sarmiento, pues ese dinero no se debía. A nuestra cruzada se unieron el contralor Carlos Felipe Córdoba y, por qué no decirlo, el país entero. El “arreglo” no pudo llevarse a cabo, y el laudo arbitral de agosto de 2019 nos dio la razón: el Estado solo fue condenado a pagar $200.000 millones en vez de los $1,5 billones que estos funcionarios pretendían regalarle al corrupto consorcio.

También sobre la Ruta del Sol 2, el país recordará que en la acción popular que se tramitó en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de diciembre de 2018, las empresas de los grupos Sarmiento, Odebrecht y Solarte fueron condenadas solidariamente a pagar $800.000 millones como indemnización a favor del Estado por los daños y perjuicios causados al patrimonio público, la moralidad administrativa y la libre competencia económica con ocasión de la coima de US$6,5 millones al entonces viceministro Gabriel García (gobierno Uribe) para asegurar la adjudicación de ese contrato.

Esta condena a favor del Estado ($800.000 millones) tiene como deudor solidario, además de empresas de los corruptos grupos Sarmiento y Odebrecht, a la empresa CSS Construcciones S.A.S. del grupo Solarte, involucrado en varios actos de corrupción. La sentencia se encuentra apelada ante el Consejo de Estado.

Lo anterior es para decirle a tiempo a la ministra de Transporte y al presidente de la ANI que se les apareció la plata y es su deber procurar diseñar una estrategia jurídica que permita desenmarañar la estructura societaria de las diferentes empresas del grupo Solarte, para que el Estado pueda cobrarle, por derecha y de forma ágil, los $800.000 millones que como acreedor tiene el Estado en la acción popular de la Ruta del Sol 2, pues no es extraño que Odebrecht y Sarmiento hagan de todo para no pagar y que después se entiendan entre ellos; al fin y al cabo es la misma ratonera.

Esta semana, la periodista Paola Herrera de W Radio le contó al país que el tribunal de arbitraje encargado de dirimir las controversias en la denominada Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca, mediante laudo de septiembre de 2020, condenó al Estado colombiano a pagarles a empresas del grupo Solarte y a varias personas naturales vinculadas a él más de $823.000 millones, suma casi idéntica a la que el mismo grupo Solarte tiene en su contra en la acción popular de la Ruta del Sol 2 ($800.000 millones).

Es decir, señora ministra y señor presidente de la ANI: pónganse las pilas. Desenmarañen la estructura societaria del corrupto grupo Solarte y cobren esa plata por derecha, si es que aún existe esa posibilidad. Lo que no puede pasar es que los Solarte se hagan los de la vista gorda con la condena en su contra en la Ruta del Sol 2 y los avispados con la condena a su favor en la Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca, es decir, pobres para no pagar las indemnizaciones, pero ricos para recibirlas, y por esa vía salgan a disfrutar sus $823.000 millones mientras por la otra le queden debiendo $800.000 millones a los colombianos.

Es muy normal que los corruptos se hagan los vivos para cobrar y los locos para pagar.