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Revisando varios documentos del conflicto armado de 52 años entre las Farc y el Gobierno, encontré que la violencia asociada a este conflicto en nuestro país forzó, desde el año de 1985, la salida de más de ocho millones de colombianos de las zonas rurales a las zonas urbanas. Eso equivale a poblar siete Barranquillas.

Para frenar esta violación a los derechos humanos y ayudar al retorno de esta población a sus hogares de origen, el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez implementó a principios del 2002 una política frontal contra el narcotráfico y los grupos armados al margen de la ley, con lo cual se frenó la compra masiva de predios rurales y el desplazamiento forzoso de campesinos.

Posteriormente, se expidió un ordenamiento jurídico que dotó al Estado de instrumentos que han permitido recuperar, al día de hoy, unas 380.000 hectáreas, que podrían ser más de un millón si la JEP ya hubiera logrado que las Farc revelaran toda la verdad sobre los despojos de tierras a campesinos y empresarios del campo en las regiones donde tenían absoluto dominio. Desafortunadamente, los 38 magistrados de este mecanismo de justicia transicional llevan dos años sin cumplir con el deber de investigar, esclarecer, juzgar y sancionar a los responsables del desplazamiento de más de ocho millones de agricultores y ganaderos del país. Es una vergüenza.

Pese a lo anterior, el gobierno Duque ha venido garantizando, a través de varios programas e instrumentos de incentivos y apoyos, el retorno de esta población a sus zonas rurales. El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, “Pacto por la equidad”, incorporó el catastro multipropósito, una herramienta que les permite a los alcaldes y gobernadores facilitar este proceso de retorno garantizando la formalización de los títulos de los predios rurales, un trámite que se demoraba mucho cuando se hacía a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Ojalá se animen a realizar el catastro multipropósito lo más pronto posible, a ver si acabamos con ese cáncer de la informalidad fiscal y jurídica de los predios rurales.

A lo anterior se suma la incorporación de un millón de hectáreas al Fondo de Tierras, que serán adjudicadas a campesinos desplazados y a reinsertados dentro del marco jurídico del Programa de Reforma Rural Integral. La formalización de títulos a más de 17.000 campesinos con 380.000 hectáreas es otro logro importante del Gobierno. Si consiguen simplificar el trámite de adjudicación de títulos baldíos para familias campesinas y ampliar la Unidad Agrícola Familiar (UAF) en zonas apartadas como la Orinoquía, la Altillanura, el Catatumbo y Urabá, habrán resuelto el problema de retorno de estos desplazados al campo.

Para garantizar la sostenibilidad del programa a largo plazo, es necesario crear un bloque de entidades públicas bien coordinadas —incluyendo la Alta Consejería para la Estabilización y la Consolidación—, para fomentar y financiar proyectos productivos sostenibles e integrados a clústeres agroindustriales. Con esta estrategia, seguramente el Gobierno logrará —en parte— la reconstrucción económica pos-COVID-19 de nuestro país.

En el tintero. ¿En el ICA siguen empeñados en cambiar el sofá? Las normas fitosanitarias en el mundo son responsabilidad exclusiva del Estado, tratándose de un tema de salud pública. No insistan.

* Experto en crédito de fomento agropecuario.

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