Por: María Teresa Ronderos

¿Votar por el desempleo?

EN EL DEBATE DE LOS CANDIDATOS presidenciales, cuando se les preguntó por su política contra el desempleo, Santos aludió a su récord positivo en esa materia con programas que emprendió Pastrana cuando él fue su Ministro de Hacienda, y anunció que continuaría con los proyectos del gobierno Uribe para crear empleo. Éstos, sin embargo, son limitados, pues sobre todo auxilian temporalmente a quienes se han quedado sin ingresos.

Sanín, a su vez, presentó su programa de TPP (trabaje, produzca, progrese), que promete capacitar y financiar a todo el que tenga una idea de negocio, una propuesta aún tan vaga que, como me dijo en broma un estudiante después del debate, apunta más bien a una lectura alternativa de sus siglas: tanta paja perjudica.

No son estas las políticas económicas que van al fondo del problema de un desempleo persistentemente alto y un empleo informal escandaloso como el que hay en Colombia. Por eso resulta tan alarmante que los candidatos favoritos a la Presidencia no sean aquellos que advierten la urgencia de cambiar de rumbo en la política de empleo, sino los que siguen firmes con la uribista “confianza inversionista”, que se ha dedicado a subsidiar el capital y a desestimular el trabajo formal.

Quizás ambos candidatos estén convencidos de la efectividad de la confianza inversionista a pesar de sus magros logros en trabajo, o quizás temen perder votos si se despegan un milímetro de la línea del popular Uribe.

Dicen los expertos que no hay mejor política social que la de crear buenos empleos. El primer requisito, que crezca la economía, se ha dado, por lo menos hasta la crisis mundial a fines de 2008. Pero el segundo, que es contar con políticas macroeconómicas que incentiven a pequeños y grandes empresarios a crear empleos, no tanto.

El gobierno Uribe se ha concentrado en estimular la inversión de capital, rebajando el impuesto de renta, produzca o no empleo. Dio crédito y regalos a la agroindustria de acuerdo con su capacidad de inversión, no según cuánto empleo rural crearan. Además, con las normas de flexibilización laboral, abrió la puerta para que cundieran las cooperativas y contrataciones por órdenes de servicio y por honorarios.

El resultado es que, no bien empezó a desacelerarse la economía, el desempleo se volvió a disparar a más del 14 por ciento y el empleo informal está alrededor del 60 por ciento. Esos millones de colombianos que ganan poco no tienen estabilidad ni protección social y deben recurrir a los  subsidios estatales. Pero ni los pesos que les da Familias en Acción ni el acceso al régimen subsidiado de salud los sacarán de pobres.

La gente sabe esto. En la encuesta que publicó El Espectador el jueves pasado, el 29 por ciento dijo que la falta de empleo es el principal problema que debe ser resuelto por el próximo Presidente de Colombia. Y otro 20 por ciento señaló problemas también relacionados con los malos ingresos: no tener vivienda, no poder alimentar bien a los niños, el paro económico y alto el costo de vida.

Dicho de otro modo, medio país clama por una política económica que dé mayores oportunidades de acceder a un buen empleo, porque es la forma digna de salir de la pobreza con trabajo y empeño.

¿Por qué votar, entonces, por los candidatos que adhieren sin condiciones a más de lo mismo en materia de empleo? La lealtad política debe terminar donde la necesidad empieza.

 

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