Por: Carolina Botero Cabrera

Vuelve… Ley Lleras

El Gobierno se alista para probar suerte en el Congreso, mientras empuja también las normas para los acuerdos de paz y acaba su período.

En 2011, el Gobierno, en cabeza de Vargas Lleras, presentó un proyecto de ley para cumplir el TLC dando inmunidad a los intermediarios de internet por violaciones al derecho de autor que pudieran cometer sus usuarios. El descontento lo hundió y sigue muerto (Ley Lleras 1).

En 2012, el Gobierno presentó otro proyecto que, aunque diferente, también servía para cumplir obligaciones del TLC (Ley Lleras 2). Era una reforma al derecho de autor que aprobó el Congreso en 20 días, a pupitrazo. Unos meses después la Corte la declaró inexequible, pero esta es la que vuelve periódicamente con algunos cambios —2014, 2016 y ahora para el 2017—. Esencialmente, es una reforma ideada por la industria del entretenimiento gringo en los 90, ignora la necesidad de equilibrar el sistema para otros sectores (educación, bibliotecas, parodistas, innovadores, etc.) y no consigue proyectarse a cambios tecnológicos futuros. A pesar de mesas de trabajo, comentarios públicos, artículos y libros académicos que presentan alternativas, el debate se estanca en el maximalismo proteccionista.

Del proceso de consulta y deliberación no hay rastro público, lo que contrasta con procesos similares en Canadá, Australia, Reino Unido o la Unión Europea. Acá, a plazos cortos para consultas, se siguen plazos largos de silencio gubernamental. Los procesos se han hecho sin metodología. Las consultas no han servido para provocar diálogos ni consensos sociales.

Esta semana, la DNDA y MinComercio socializaron, con invitación, el nuevo texto que va al Congreso. Después de seis años, el texto maduró a la fuerza —ya no grita industria del entretenimiento por todos sus poros—, refleja que el derecho de autor es motor económico pero también es clave para disfrutar derechos humanos, ya que regula cómo nos informamos e informamos. Sigue siendo noventero, tímido y, a pesar del esfuerzo hecho por los funcionarios, cambia poco. La principal petición, incluir fair use o fair dealing, se niega sin alternativas realistas. El éxito es que reconocen parodia y agotamiento del derecho (temas viejos). Trae dos novedades interesantes: obras huérfanas y la implementación del Tratado de Marrakech, pero salen de la manga a última hora sin haber sido consultadas con los beneficiarios. Un análisis más detallado de esta nueva versión está acá.

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