Por: Nicolás Uribe Rueda

Vuvuzelas

APENAS UNOS MINUTOS DESPUÉS de que se publican unas cifras que describen el incremento de la delincuencia en las ciudades o se informa sobre un acto de violencia desmedido, aparece una avalancha de opiniones sobre cómo resolver el problema de la inseguridad urbana:

“A los niños asesinos hay que aumentarles las penas, a los hombres armados hay que desarmarlos y a los delincuentes, meterlos a la cárcel” —dicen con frecuencia—. “Cadena perpetua para los delitos atroces, porque sólo con penas altas será posible reprimir el delito” —invocan los más acongojados—. Incluso, hay quienes se atreven a decir que prevenir significa distribuir el dinero que uno lleva en todos sus bolsillos, porque así evita que el ladrón se apropie de toda la quincena.

Como ven, algunas de las recetas anteriores son para la galería y otras parecen insoportables vuvuzelas, que no comprenden que en esta encrucijada por la seguridad no tiene efecto el bullicio que se haga sino la disciplina que se tenga para interpretar y combatir el delito.

Mejorar en seguridad implica construir una Política Nacional de Seguridad Urbana que se sustente en información que permita hacer un diagnóstico adecuado de la realidad en que vivimos. Significa entender que no basta el aumento de penas, ni de Fuerza Pública, ni la distribución de equipamiento para combatir la delincuencia. Se requiere sobre todo voluntad política nacional, fortalecimiento institucional en lo local y adecuados mecanismos para materializar las decisiones que se tomen. Pero, sobre todo, hay que entender que será infructuoso todo esfuerzo si no se cuenta con la contribución de la justicia, que debe ser más pronta y vigorosa en sus tareas. Uno de los primeros propósitos de la política de seguridad debería ser la reforma urgente de nuestros procedimientos penales, especialmente de aquellos por los que se escapan los delincuentes hacia la impunidad o hacia la reincidencia.

Y avanzar con urgencia es importante porque la situación no es favorable. Los delitos de alto impacto aumentan y las dificultades de los municipios y distritos para la gestión de su seguridad son elocuentes: no tienen política de seguridad, pierden recursos porque ni siquiera saben que existen y su información para combatir el delito es escasa y fragmentada. La Policía se queja con frecuencia y con razón de la tardanza de los fiscales para respaldar sus actuaciones y los culpan por terminar favoreciendo al bandolero. Los jueces, por su parte, no tienen más remedio que dejar en libertad al que saben delincuente por el vencimiento de unos términos, como consecuencia del exceso de trabajo.

El Gobierno debería empeñarse en un objetivo adicional a los que hasta ahora se ha impuesto. Un Acuerdo de Unidad para combatir la inseguridad urbana, en el cual participen los municipios y departamentos, la Fiscalía, la Rama Judicial y los organismos de control, unidos en el propósito de derrotar la delincuencia. Sólo así podríamos superar la coyuntura y ofrecer soluciones de verdad a la preocupación de los ciudadanos por la inseguridad del día a día.

 

Buscar columnista

Últimas Columnas de Nicolás Uribe Rueda

Como niños

Indiferencia

Dosis de solidaridad

Votaré mañana

Posmermelada