Por: Alfredo Molano Bravo

Y ahora, los atentados

EL BOMBAZO CRIMINAL EN BUENAventura, que mató a 10 personas, dejó heridas a 50 y destrozó negocios, comercios y edificios, parece ser el prólogo terrorista de la temporada preelectoral.

En Buenaventura reinan el desconcierto y el miedo. Salvo los arúspices oficiales, que siempre dicen lo mismo, nadie sabe quién fue el autor del atentado, contra quién iba dirigido y, por tanto, cuál era el objetivo que buscaban los criminales. Pero hay hechos ciertos: el lugar donde estalló el carro bomba es una zona militarizada: a dos cuadras está la Armada, a una, la Policía, y para rematar, a pocos metros la Fiscalía, que a la hora del crimen ya debía estar abierta al público, y por tanto vigilada por personal armado. ¿Cómo puede explicarse tal descuido de las autoridades? ¿Es que acaso los cuerpos de inteligencia que tanto nos cuestan a los contribuyentes sólo existen para señalar culpables de los delitos y no para prevenirlos? Al DAS no podemos culparlo de negligencia o descuido. porque todos sabemos a qué está dedicado, a qué ciudadanos les chuzan el teléfono, a quiénes siguen y a quiénes amenazan. Pero no podemos pensar exactamente igual de los otros servicios secretos, sobre todo en una ciudad tan convulsionada como Buenaventura. Pero por lo menos, éstos sí deberían rendirle cuenta al país de sus responsabilidades y de sus debilidades. O de los señalamientos directos e indirectos que hacen. A mí se me hace sospechoso, por lo bajito, que se acuse a un frente guerrillero que lleva el nombre de un senador asesinado y cuya culpabilidad ha sido aceptada por el Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando su hijo ha sido elegido representante a la Cámara. A mí no se me diga que es pura coincidencia. A otro perro con ese hueso. Quizás las Farc sean los autores. No es imposible. Sin embargo, hay que saber que las milicias urbanas de esta organización han sido, según el mismo gobierno, totalmente derrotadas y desalojadas de la zona. No sería del todo ingenuo pensar que la guerrilla está vengando la muerte de Pinocho, de Jota Jota, o de uno u otro comandante, jefe de finanzas o explosivista, como llaman ahora a los zapadores. Pero con el mismo criterio podríamos asumir que la bomba pudo ser una retaliación de El Zurdo, un morocho que les tumbó a Los Rastrojos 8 toneladas de cocaína en las bocas del río San Juan, cayó delatado en Panamá, se voló hace dos meses de la cárcel del país vecino y merodea ahora por los esteros. Todas estas son meras conjeturas que se tiran al aire y cuyo fundamento —es lícito creer— hace parte de un plan para crear un clima de terror, de zozobra, una demanda de más autoridad, más represión, más armas, más pirañas, más cañoneras, más helicópteros y sobre todo más y más y más y más seguridad democrática. Para un ciudadano que no come lo que le dan, por ahora todas las hipótesis tienen idéntica validez. Pero no a todos los supuestos autores el atentado beneficia de la misma manera y en la misma proporción. Los candidatos a perpetuar el uribismo ganan más que todos los demás con el clima de terror que comienza a crearse.

Atentado también contra la débil democracia que tenemos, y contra la Corte Suprema de Justicia, el que implica la demanda pública hecha por el embajador de Estados Unidos de encontrar la forma de que la Honorable modifique el principio de soberanía nacional y mande, a ojo cerrado, cuanto criminal el Departamento de Estado le pida al gobierno colombiano. No podría decirse que el míster Brownfield se equivocó de país, porque ni Somalia aceptaría tan cínica demanda. Se equivocó de época. El embajador toma partido por un gobierno de salida contra una entidad respetable que ha mantenido el principio de la división de poderes y de la defensa de la Constitución por encima de las conveniencias judiciales del primer mandatario colombiano.

 

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