Por: José Roberto Acosta

Y después no se quejen

Otro mico en el Plan de Desarrollo está en su artículo 269, que permite la emisión de títulos de deuda pública para la realización de operaciones de control monetario y donde quien responde será directamente el Banco de la República y no el Ministerio de Hacienda, como hasta el momento ha sido.

Dos entidades estatales compitiendo por recursos en el mercado. El Gobierno usurpando espacios de política monetaria y un Banco Central pisando negocios de recaudo fiscal a través del crédito. Este revuelto se buscó evitar con la Constitución de 1991, que paso a paso ha quedado desdibujada con medidas como la reelección presidencial.

Hoy puede alegarse la inocencia de dicha norma, pero eso mismo se dijo de la penosa Cuenta Especial de Cambios, con que distintos gobiernos de finales del siglo pasado financiaron gasto público generando inflación mediante una emisión primaria y que constitucionalmente tocó prohibir. En momentos en que la inflación empieza a preocupar al mundo entero, nuestro Gobierno arma legalmente este polvorín que en cualquier momento puede explotar en manos de politizados administradores.

En materia de legislación económica es donde los más graves goles nos han metido, tales como cuando cambiaron la fórmula de la Upac, basada inicialmente en el IPC, poniéndola a depender de la DTF, y que terminó reventando a los ignorantes deudores hipotecarios, o cuando nos vendieron el Gravamen a Movimientos Financieros como impuesto temporal, o como cuando el ex presidente Uribe pedía al Banco de la República que le “regalara” al Gobierno la mitad de las reservas internacionales para pagar parte de la deuda externa, implicando un enorme desfalco al país, o cuando su ministro pedía aplicar el IVA a los alimentos básicos, dizque para profundizar la bancarización en los estratos pobres. Todas, maniobras basadas en la ignorancia del ciudadano común sobre el tema económico y en la de los legisladores.

Esto de confundir las atribuciones y autoridades monetarias con las fiscales no es un buen experimento. Ya se ha practicado en otros países como Venezuela, con trágicas consecuencias sobre la estabilidad económica. Esa maña de querer ser original porque sí, sale costosa en lo económico y en este caso, una gran tentación para cualquier gobierno, por naturaleza derrochador y populista.

 

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